En medio de la intensa incontinencia electoral de Pedro Sánchez, anunciando día sí día también alguna nueva medida relacionada con la vivienda, hace justo una semana se conocía una que no por ser menos rimbombante deja de ser menos sustancial: la posible eliminación de las golden visa. Los visados dorados permiten a los ciudadanos extracomunitarios tener permiso de residencia en la Unión Europea a cambio de una inversión de a partir de 500.000 euros para comprar una vivienda en España. También se puede conseguir invirtiendo 2 millones de euros en deuda pública y un millón de euros en acciones o participaciones en sociedades de capital españolas, pero desde que lo aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2013 para atraer inversiones extranjeras tras la Gran Recesión, de los casi 18.000 permisos de residencia concedidos, la mayoría (16.900) lo son por inversiones inmobiliarias, que en total gastaron más de 13.600 millones de euros en vivienda, tal como venimos informando en ON ECONOMIA. Catalunya es con el 40% el principal destino de esta “especulación inmobiliaria”. El entrecomillado corresponde al primer ministro portugués, Antonio Costa, y no se refiere, claro está, a su país vecino; es uno de los argumentos que esgrimió cuando puso fin a este visado dorado a mediados de febrero, siguiendo las directrices de la Comisión Europea. El Gobierno español, que mantiene una total sequía informativa sobre las golden visa, dice ahora que se “plantea” quitarlas, no lo da por seguro. ¿Por qué lo deja caer ahora? Es cierto que las arcas del Estado no están tan necesitadas como hace una década -España cerró 2022 con una recaudación récord de 255.000 millones de euros gracias al afloramiento de la economía sumergida y a la inflación- aunque todo el dinero es poco para hacer frente a unos gastos sociales justificadamente crecientes. Así que no queda otra que pensar que lo debe haber anunciado por una cuestión de decoro: no puedes ir todo el día de Teresa de Calcuta de la vivienda mientras alientas un paraíso donde los ricos empujan los precios al alza. Es muy feo. 

Aunque, para fea, la situación a la que están llegando muchas familias, no solo por la vivienda, por el coste de la vida en general. Menos mal que el mercado de trabajo sigue vigoroso con récords de empleo. La vivienda es uno de nuestros grandes problemas estructurales: 4 de cada 10 hogares en alquiler dedican más de un 40% de su renta disponible a pagar a sus caseros, según el Banco de España, que alerta de que casi la mitad de los inquilinos está en riesgo “de pobreza o de exclusión” por los alquileres disparados, los bajos salarios y la inflación. La subida de precios se está comiendo los ahorros de las familias, obligándolas a gastar parte del ahorro acumulado durante la pandemia, alerta el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Banco de España, de hecho, observa vulnerabilidades en el mercado de la vivienda en general, tanto en el alquiler como en la compra, debido, en parte, a los “criterios de concesión de crédito hipotecario”, en palabras del supervisor. La hipoteca media en España es un 30% más cara desde que el Banco Central Europeo (BCE) empezó a subir los tipos de interés, en julio de 2022.  El sector financiero siempre aparece en todos los saraos. Es, de hecho, sobre el cual pivota toda la política de vivienda de nuestro país, como ha explicado Fernando Trias de Bes en este medio hace algunas semanas.

Incluso a la sequía se le atribuyen efectos sobre el mercado inmobiliario. Jamás se me hubiera ocurrido vincular la falta de agua que padecemos con el encarecimiento de las hipotecas, debo confesarlo. Pimec sí lo ha hecho y tiene su lógica: si hay sequía, los alimentos se encarecen, la inflación se mantiene alta, los bancos centrales suben los tipos de interés para combatir la subida de los precios y, con los tipos altos, las hipotecas se encarecen también. Es como el proverbio chino que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Vamos, que todo está conectado.

Aunque para sequía, la de la banca (una vez más), que mantiene el grifo de la remuneración de los depósitos cerrado y hace buena la frase de Mark Twain según la cual “un banquero es alguien que te presta un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve”. Las empresas deben ganar dinero (siempre que operen bajo criterios éticos y sostenibles en un sentido amplio), y los bancos no son una excepción. Pero del mismo modo que han anunciado una lluvia de dinero (9.340 millones de euros después de cerrar un 2022 con beneficios récord) para compensar a sus accionistas, podrían también compensar a sus clientes, y más en momentos de estrecheces financieras. La banca se está beneficiando del aumento del precio del dinero en la eurozona y no solo a través de las revisiones de las hipotecas variables, también del resto de los créditos y por las comisiones que cobran. Pero no tienen intención de pagar intereses a sus clientes por los depósitos que custodian, al menos de forma generalizada, debido a que no necesitan atraer más liquidez a sus balances. Eso sí, todos prevén una subida de la morosidad (tanto de los hogares como de las empresas) y el BCE les apremia para que provisionen.

En Catalunya, el Govern de la Generalitat no quiere ser menos, las elecciones son para todos, y la semana pasada irrumpió en el mercado de la vivienda con el anuncio de que expropiará pisos vacíos de grandes tenedores en 14 municipios. Se trata de una iniciativa muy llamativa -esta sí-, pero de dudoso potencial, a tenor de la experiencia de los gobiernos que se han avanzado a la Generalitat. Unos días antes -otro caso- se daba a conocer que la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, ha pedido por carta a la ministra de Hacienda del Gobierno, María Jesús Montero, que le mande antes de agosto los datos para poder calcular las balanzas fiscales de los últimos años. La consellera se queja, y con razón, de la sequía informativa y la falta de transparencia de Moncloa en este asunto. Pero la demanda ha tenido poco alcance entre la opinión pública y publicada y ninguna respuesta desde Moncloa, por lo que se le augura un recorrido efímero. Y de nuevo, surge la misma pregunta que al principio: ¿por qué ahora? Poco habrá variado el argumento, sea cual sea el método estadístico que se utilice para el cálculo de la balanza (el último, hecho con datos de 2019 por el equipo del entonces conseller de Economía, Jaume Giró, arrojaba unos 20.000 millones de euros, el equivalente al 8,5% del PIB catalán). El Govern y el partido que hoy lo sostiene tienen por lo menos tres marcos para negociar un nuevo modelo de financiación autonómica, el gran asunto pendiente del Gobierno de Pedro Sánchez de esta legislatura: el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Mesa de Diálogo (ambos foros con expectativas y resultados muy magros, ciertamente) y doce votos en el Congreso. Pero es más fácil suplir el déficit de gestión con culpas, quejas y declaraciones: así distraes la atención de tus responsabilidades, como el caos de las oposiciones, las dificultades de pymes y autónomos cada vez que intentan una gestión telemática con la conselleria de Empresa o la inacción del Govern ante un problema tan estructural como la sequía, donde las últimas medidas que se recuerdan para paliar el déficit hídrico de Catalunya son las plantas desalinizadoras puestas en marcha por el Gobierno de Montilla, allá por 2009.