La reforma del modelo de financiación autonómica quedará en la lista de asuntos pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez de esta legislatura. A pesar de que el Ministerio de Hacienda presentó hace ya catorce meses su propuesta para reemplazar el modelo actual, caducado desde 2014, el Ejecutivo ya renuncia definitivamente a cualquier opción de aprobar el nuevo diseño antes de que acabe la legislatura. Así se desprende del Plan Anual Normativo para 2023 aprobado este martes, donde se incluyen las iniciativas legislativas que los distintos ministerios prevén elevar al Consejo de Ministros para su aprobación. En esta hoja legislativa del Ejecutivo no hay ni rastro de lo que debería ser una nueva Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, la norma que debe aprobarse para renovar el modelo porque no figura en la lista de leyes que el Gobierno prevé aprobar este año.

El Plan Normativo que el Gobierno aprueba cada año es un documento de previsiones que no tiene por qué cumplirse en su integridad, pero es relevante porque recoge las intenciones de los diferentes ministerios sobre su actividad legislativa para el año de referencia. El hecho de incluir una ley en el Plan Normativo tampoco obliga al ministro correspondiente a aprobarla, por lo que resulta destacable que María Jesús Montero siga sin contemplar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas a pesar de que ella misma inició formalmente el proceso de reforma con las CCAA en 2021. En diciembre de ese año, Montero les presentó lo que ella misma definió como un "esqueleto" del que podría ser el nuevo sistema, un esbozo basado en una nueva metodología de cálculo de la población ajustada al que las diferentes CCAA plantearon una serie de alegaciones.

Preguntadas al respecto por ON ECONOMIA, fuentes del Ministerio de Hacienda recuerdan que la Ley de Financiación de las CCAA ya no fue incluida en el Plan Normativo de 2022 porque “requiere de un pacto de estado previo”. “Las CCAA tienen que estar de acuerdo, también las del PP, que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellas”, subrayan. Aún así, estas fuentes sostienen que “no es que se renuncie ni mucho menos” a la reforma del sistema porque el Ministerio mantiene abierta la interlocución con las CCAA “para ver si se desbloquea”. Al respeto, concretan que en el mes de enero ha habido reuniones con todas las CCAA con vistas a la reforma y se está “a la espera” de conseguir un acuerdo con las gobernadas por el PP y el PSOE, sin concretar plazos. Además, el Ministerio recuerda que este año, entre las entregas a cuenta y la liquidación de 2021, las CCAA van a recibir 135.273 millones de euros, un 24% más que en 2022.

Disparidad de criterios

En las alegaciones que presentaron las diferentes CCAA se pusieron de manifiesto las enormes diferencias que aún existen entre ellas sobre los criterios en los que debería basarse el reparto de recursos para financiar sanidad, educación y servicios sociales en el futuro modelo de financiación. La contrapropuesta de las CCAA a la metodología planteada por el Ministerio de Hacienda para el cálculo de la población ajustada puso de manifiesto la existencia de dos grandes bloques autonómicos con intereses enfrentados.

Por un lado, las comunidades autónomas más pobladas, como la Comunitat Valenciana o Andalucía, que defienden que el criterio básico para calcular las necesidades de financiación de cada territorio debería ser el poblacional y rechazan el peso de criterios correctores en el reparto como la dispersión o la orografía que irían encaminados a compensar a las regiones alineadas en el otro bloque, el popularmente conocido como el de la 'España Vaciada'. Catalunya, por su parte, fue la única que no alegó contra la propuesta de Montero como sí hicieron el resto de CCAA y trasladó una "opinión" en diez folios para insistir en que aspira a la soberanía fiscal plena.

Esas disparidades de criterio se complican si se tiene en cuenta, además, que los intereses territoriales se entremezclan con los políticos, pues dentro de cada bloque coinciden regiones con gobiernos de distinto signo político. Ello impide a PSOE y PP, los dos grandes partidos que han de ponerse de acuerdo en este asunto, mantener un único discurso coherente en este asunto sin que algún Ejecutivo regional, incluso de su mismo signo político, se sienta perjudicado.

El propio Gobierno admite en el preámbulo al Plan Normativo de 2023 que los diferentes procesos electorales que tendrán lugar a lo largo de este año afectarán a la planificación legislativa porque a finales de este año tendrán que disolverse las Cámaras para la convocatoria de nuevas elecciones generales. Previamente, el 28 de mayo se celebrarán elecciones locales y autonómicas o forales en doce Comunidades Autónomas, así como en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

En los catorce meses que han pasado desde que María Jesús Montero les presentó a las CCAA lo que ella calificó como esqueleto de la reforma no ha habido ningún avance. El Ministerio de Hacienda ni siquiera ha respondido a las alegaciones que las CCAA le presentaron en enero del año pasado. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de julio del año pasado, María Jesús Montero les prometió a los consejeros de Hacienda que su departamento les presentaría en septiembre una nueva propuesta, un esqueleto revisado, tras analizar las alegaciones autonómicas, pero siete meses después continúa sin presentarla. Un año antes, en el CPFF del verano de 2021, ya les había prometido a las CCAA celebrar una reunión monográfica sobre la reforma pendiente del modelo, pero este compromiso tampoco se cumplió nunca.

Durante los últimos meses, Montero ha responsabilizado al PP y a las propias CCAA de la falta de acuerdo. Son constantes sus invitaciones a los populares para que unifiquen posturas dentro de su partido antes de afrontar la negociación, algo que también le sucede internamente al PSOE. Son los dos grandes partidos con responsabilidades de gobierno en la mayoría de los territorios los que, a su juicio, deben propiciar un acuerdo que requiere de una mayoría cualificada para aprobarse como Ley orgánica en el Congreso de los Diputados.

Una reforma siempre inoportuna

Con todo, la exclusión de la financiación autonómica de la hoja de ruta legislativa de este año también podría interpretarse como un ejercicio de sinceridad del Gobierno, porque si 2022 ha sido un año poco propicio para la reforma, el recién iniciado 2023 se presenta a priori como un año casi imposible para ello. El calendario electoral de los próximos meses, con las elecciones autonómicas y municipales de mayo a la vuelta de la esquina y las generales previstas para el último tramo del año, convierten estos meses en un periodo poco favorable para llegar a un acuerdo, pero sorprende que la ministra María Jesús Montero no esté dispuesta ni a intentarlo, como demuestra el plan normativo de este año.

El Plan Anual Normativo 2023 prevé sacar adelante tres leyes orgánicas, 33 leyes ordinarias y 81 reales decretos. En total son 117 normas, menos de un tercio de las que se aprobaron el año pasado, algo "lógico" a juicio del Gobierno por ser este un año electoral. En el caso concreto del Ministerio de Hacienda, la previsión es llevar al consejo de ministros tres reales decretos y seis proyectos legislativos. Entre ellos están la propia Ley de Presupuestos o la de Transparencia e Integridad de los grupos de interés.