La Generalitat expropiará pisos vacíos y empezará a enviar requerimientos en "los próximos días" para que los grandes propietarios acrediten la residencia de personas, según los acuerdos de Govern publicados este martes. Si no lo hacen en un mes, se determinará el incumplimiento de la función social del piso y se iniciará la expropiación. La medida, con 5 millones de presupuesto que se destinarán a través de Incasol, tan solo afectará a entre 50 y 70 viviendas en una primera partida, según los cálculos del propio Govern, que espera poder ampliarlo pronto.
Para la fase inicial se prevé una inversión de 5 millones de euros a través de Incasòl. Afectará a 14 municipios declarados áreas de fuerte demanda de vivienda. Son Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú.
Los pisos obtenidos mediante este método por la Generalitat se pondrán a disposición de las personas y familias vulnerables incluidas en la mesa de emergencia social. La medida solo afectará a grandes propietarios con viviendas incluidas en el Registro de viviendas vacías y ocupadas sin título habilitante (RHBO por sus siglas en catalán). Para obtener este registro, el Govern ha explicado que realizó un proceso de inspección entre los años 2020 y 2022 a través de un convenio con los Ayuntamientos. Este proceso culminó en la identificación de 680 posibles pisos vacíos detectados, de los cuales 189 están confirmados. Con la partida inicial de 5 millones, existe el potencial de expropiar entre 50 y 70 pisos. En primer lugar, se negociará con los propietarios para que lo pongan en el aquiler social. Si no se llega a un acuerdo, el Govern procederá a la expropiación.
La Agencia de Vivienda de Catalunya ofreció a 45 municipios donde había detectado un mayor incremento de solicitudes para las mesas de emergencia y se alcanzaron convenios con 14 ayuntamientos. Barcelona, pese a que es el municipio con los precios de alquiler más altos de España, no ha entrado en esta lista porque "tiene Carta Municipal", estatuto de competencias para grandes ciudades. Además, el gobierno de Colau ya está expropiando, "aunque ellos lo hacen de manera temporal y el Govern de manera permanente", apuntan fuentes de la Generalitat.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, no ha querido pronunciarse al ser preguntada sobre la medida adoptada por el Govern de Pere Aragonés.