"Exprópiese". La orden de Hugo Chávez en 2010 es la imagen simbólica por excelencia de la expropiación forzosa. Se trata de todos modos de una opción recogida en la ley (del año 1954) que permite al Estado hacerse con un bien privado a cambio de "la justa indemnización correspondiente". Se da cuando existe una "colisión entre el interés público y el privado" y es por ello que, en el caso de la vivienda, el Govern anunció el pasado martes que la aplicará a pisos vacíos de 14 municipios que no cumplan su función social de vivienda. La palabra es fuerte y la medida tiene impacto mediático, pero su potencial por ahora es de un máximo de 186 pisos (los controlados por la Generalitat en los municipios que han colaborado) y las experiencias de Balears y Barcelona, que han anunciado en los últimos años la misma medida, no invitan a pensar en que sea la gran solución al problema de la vivienda. Juntas, la capital catalana y la administración balear suman 22 expropiaciones, muchas menos de las esperadas.
Desde Balears, no obstante, llegan señales de que su impacto podría venir no tanto de la expropiación en sí, sino de cómo el inicio del procedimiento puede animar a los propietarios a movilizar la vivienda. Quien lo explica a ON ECONOMIA es Edu Robsy, economista que era director general de Vivienda del Govern de Balears cuando se decidió expropiar. Aunque desde 2018 la ley balear de vivienda ya contemplaba la cesión obligatoria de vivienda vacía de los grandes tenedores, el registro de los pisos vacíos y desocupados potenciales de expropiación se culminó en 2020 con 1.000 viviendas identificadas. Después de las alegaciones y de un estudio pormenorizado de cuáles podían ir al alquiler social, tan solo quedaron 56. Entre estas, los propietarios alegaron, algunos de ellos vendieron o pusieron en alquiler y acabaron culminándose 16 expropiaciones.
"Cuantitativamente, es verdad que el impacto es reducido", reconoce Robsy, "pero tiene un efecto didáctico, porque estimula a los grandes tenedores, que en ese caso eran bancos, a mirar por la función social de la vivienda y a, como mínimo, ponerlo en el mercado y no esperar". Esto lo argumenta con otro dato, este ya de cuatro cifras: "Después de llegar a un máximo de 1.400 pisos vacíos, se redujo a 700". "Por mi parte, quedé satisfecho por la dimensión didáctica de esta medida", afirma Robsy.
Otras vías "más efectivas"
En el Ayuntamiento de Barcelona, ciudad más cara de España para alquilar un piso, no parecen tan contentos y hablan de la expropiación con perfil bajo. En abril de 2018, el consistorio de Colau inició un proceso de expropiación de 600 pisos vacíos, según publicó El Periódico de Catalunya, y en julio de 2020 envió una carta a 4 grandes tenedores amenazando de 194 expropiaciones, acción que explicó incluso en rueda de prensa. Después de tanto bombo, la cosa se ha quedado en seis viviendas expropiadas contabilizadas por el consistorio, que reconoce que la compra y la captación "son estrategias que se han demostrado más efectivas, beneficiosas y económicas" a la hora de movilizar vivienda privada para el alquiler social. Desde 2015, apuntan las mismas fuentes, el consistorio ha comprado 1.600 viviendas (muchas de ellas por el derecho a tanteo y retracto) que ha puesto en alquiler social y ha captado otras 1.800.
Barcelona no ha entrado en el plan de la Generalitat, según fuentes del Govern, porque "tiene Carta Municipal" y, por tanto, unas mayores competencias en vivienda que llevaron a la administración de Aragonès a no contar con Colau a la hora de proponer la inspección para detectar pisos expropiables por el Govern. Fueron 14 de los 45 a los que interpeló el Govern los que finalmente entraron en el proyecto. Aunque con la primera partida de 5 millones el Govern aspira a expropiar unas 70 viviendas (previa negociación para movilizarlas al alquiler social), en total son 185 pisos los que podrían llegar a pasar a ser del estado por esta vía. Eso sí, a diferencia de las expropiaciones fallidas de Barcelona y Balears, que eran temporales, la vía del Govern es la expropiación definitiva.
El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, por medio de su presidente, Lorenzo Viñas, ha alertado que se trata de una medida "limitada" y "muy lenta" por la saturación judicial, mientras que desde los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), su portavoz y asesor jurídico en Catalunya, Carles Sala, la ha calificado de "coacción". Sala también propuso que la propia API intermediara entre propietarios y Govern.