Los hoteles siguen peleando contra Booking, que de momento ha quedado impune de la histórica multa de la CNMC. En julio del 2024, Competencia condenó a la plataforma de reservas a pagar más de 413 millones por abusar de su posición de dominio durante cinco años, pero el pasado mes de marzo la Audiencia Nacional estimó la medida cautelar solicitada por la compañía y de momento, se ha suspendido la sanción.
Desde entonces, algunas patronales y abogados, habían tomado la iniciativa y preparaban una demanda colectiva contra Booking que contaba con el respaldo de cientos de hoteles. Ahora se suma un nuevo despacho, el bufete Ramón y Cajal, que confirma este martes que va a impulsar una demanda acumulada contra Booking en los tribunales mercantiles españoles por las condiciones que impone a los hoteles. Ya que "limitan la libertad comercial, impidiéndoles ofrecer precios más competitivos en sus propios canales".
La demanda está basada, precisamente, en la resolución de la CNMC y también en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y busca reparar los perjuicios derivados de las conductas "anticompetitivas" llevadas a cabo por Booking, fundamentalmente a través de la imposición de cláusulas de paridad. El despacho lleva trabajando con los hoteles desde finales del año pasado y pide a cualquier alojamiento que se haya visto afectado en España que se adhiera a la demanda.
Los demandantes no pagarán los costes del proceso
“Pueden unirse todos los hoteles y OTAs que hayan ofrecido sus servicios de alojamiento en España a través de la plataforma de Booking entre 2004 y 2024. La reclamación de daños y perjuicios tendrá como principal objeto reclamar el pleno resarcimiento del sobreprecio ilícito causado por las conductas anticompetitivas realizadas por Booking. Este sobreprecio responde a dos conceptos: el impacto económico de las condiciones abusivas de Booking en los precios de las habitaciones de los hoteles y la actualización del importe del daño ocasionado hasta el momento actual”, explica Javier Salinas, socio y responsable del área de competencia de Ramón y Cajal Abogados.
Según un análisis económico previo, el perjuicio medio para los hoteles españoles asciende al 2,86% de las ventas totales por alojamiento, una pérdida significativa derivada de comisiones excesivas y limitaciones comerciales. La demanda cuenta con la financiación del fondo de litigios Deminor por lo que los demandantes no realizarán ningún desembolso. Todos los costes del procedimiento están cubiertos desde el inicio, y los honorarios solo se devengan en caso de éxito bajo el porcentaje: 75% para el hotel y 25% para el fondo. Además, la acción judicial será ejercida por una sociedad específica creada por Deminor evitando que los hoteles tengan que litigar directamente.
Ramón y Cajal Abogados acompañará a los hoteles durante todo el proceso y, a través de Aggregate, la plataforma de gestión de procedimientos de Deminor, que se ha desarrollado, cada participante puede hacer un seguimiento directo y conocer los avances de su caso en tiempo real, explican.