La Audiencia Nacional tendrá que pronunciarse sobre si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vulneró la ley al excluir las cámaras de comercio del análisis de la opa del BBVA al Banco Sabadell.
Cuando la CNMC abrió el noviembre pasado la fase 2 de análisis de la opa, para profundizar en su impacto en la competencia, rechazó que se personaran cerca de 80 organizaciones empresariales, entre las cuales estaban las cámaras de comercio catalanas. Foment del Treball y otras patronales recurrieron su exclusión, así como el sindicato UGT y las cámaras de comercio. Según adelanta elconfidencial.com, la Audiencia Nacional decidirá si la CNMC se saltó la ley al dejar estas últimas sin posibilidad de presentar alegaciones sobre la operación de integración bancaria.
El 30 de abril pasado, después de un periodo de consulta de seis meses, el organismo que preside Cani Fernández autorizó la opa. Pero, con respecto a las entidades que se oponen a la operación, solo escuchó en el Sabadell. De hecho, las alegaciones del banco que preside Josep Oliu no sirvieron para que la CNMV tumbara la opa.
En el recurso que han presentado las cámaras se argumenta que la CNMC no actuó conforme a lo que establece la ley al dejarlas fuera del proceso sin posibilidad de ser escuchadas. Se acogen a la Ley 4/2014, llamada "Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación". En uno de sus puntos se indica que estas corporaciones son "órganos de asesoramiento de las administraciones públicas".
Sin embargo, lo más probable es que se resuelva la opa hostil del BBVA al Sabadell, en un sentido o en otro, mucho antes de que se pronuncie la Audiencia Nacional. Por lo tanto, su decisión no determinará por nada el curso de esta operación bancaria, pero pudría suponer un precedente para futuras opa.
La consulta del Gobierno
Esta actuación sobre la opa al Sabadell no será la única que llegue a los tribunales. Un despacho de abogados madrileño ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional en contra de la consulta pública llevada a cabo por el Gobierno sobre la opa. El bufete Statera considera ilegal la consulta, por lo que ha solicitado a la Audiencia Nacional medidas cautelares para que el ejecutivo de Pedro Sánchez no utilice los resultados, aunque era consultiva y no vinculante. Este despacho presentó un recurso contencioso administrativo el lunes pasado, diez días después de solicitar al Gobierno que parara la consulta y no recibiera respuesta. Consideran que la consulta vulnera el principio de igualdad y no discriminación, y también destacan que su formulario no tenía ningún tipo de autenticación de la identidad del usuario. Argumentan también que no tiene encaje formal en el ordenamiento jurídico español, que no existe ningún precepto legal para hacerla en el marco del procedimiento previsto para la intervención del Consejo de Ministros.