Un despacho de abogados madrileño ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional en contra de la consulta pública llevada a cabo por el Gobierno sobre la opa del BBVA al Sabadell. El bufete Statera Legal considera ilegal la consulta, por lo que ha solicitado a la Audiencia medidas cautelares para que el ejecutivo de Pedro Sánchez no utilice los resultados de esta, a pesar de que era consultiva y no vinculante.
El despacho ha presentado un recurso contencioso-administrativo este lunes, diez días después de solicitar al Gobierno que parase la consulta y no recibir respuesta. El recurso se ha presentado un día antes de que acabe el plazo que el ministerio de Economía se dio para decidir, en función de las respuestas de la consulta, si intervenía en la opa. Este martes anunciará la decisión y, si opta por analizar la opa, tendrá un mes para dar su veredicto e imponer, o no, más condiciones a la compra del Sabadell por parte del BBVA.
Los abogados del bufete madrileño consideran que la consulta vulnera el principio de igualdad y no discriminación, y también destacan que el formulario de la consulta no tenía ningún tipo de autenticación de la identidad del usuario. Argumentan también que no tiene encaje formal en el ordenamiento jurídico español, que no existe ningún precepto legal para hacerla en el marco del procedimiento previsto para la intervención del Consejo de Ministros.
El recurso llega horas antes que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, explique la decisión del Gobierno. Este mismo lunes ha hablado y no ha desvelado la incógnita, pero sí que ha recalcado que el procedimiento es completamente legal. También ha hablado la vicepresidenta, Yolanda Díaz, que ha vuelto a reclamar frenar la opa del BBVA sobre el Sabadell.
Más de un año de opa
Hace más de un año que el banco que preside Carlos Torres presentó una oferta sobre las acciones de la entidad catalana, que el consejo de administración que preside Josep Oliu rechazó. El BBVA decidió presentarla igualmente, dando lugar a una opa hostil. Desde el principio, el Gobierno se ha mostrado en contra, pero la operación ha ido venciendo etapas y consiguiendo autorizaciones.
La más difícil fue la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tardó más de 10 meses. El organismo que preside Cani Fernández impuso condiciones de protección de la competencia, que el BBVA aceptó, y aprobó la operación hace menos de un mes.
Habiendo hablado la CNMC, ya solo quedaba, antes de que la CNMV dé luz verde a la operación y abra el periodo para que los accionistas del Sabadell acepten o rechacen la oferta, que el Gobierno decidiese entrar o no. En un giro de guión, Pedro Sánchez anunció la convocatoria de una consulta pública para que todos aquellos ciudadanos o asociaciones preocupados por la posible compra del banco catalán por el BBVA pudiesen decir su opinión, siempre con criterios de interés general. Siete días después, el Gobierno del Estado se dio siete días más, hasta este martes, para decidir si interviene o no.
Es esta consulta la que está en cuestión, pero es un procedimiento meramente consultivo, que no tiene carácter vinculante. El ministerio de Economía puede decidir poner más condiciones sin necesidad de la consulta, que convocó para captar la opinión ciudadana. Está previsto que Cuerpo anuncie este martes la opinión y puede ser que presente las conclusiones de la consulta.