La Comisión Europea ha lanzado este martes una alerta preventiva sobre la trayectoria fiscal de España. El ejecutivo comunitario advierte de que existe un riesgo sostenido de que el Gobierno no cumpla con el límite de crecimiento del gasto público acordado con Bruselas para el año 2026. Esta advertencia, formulada por el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, en la presentación de las conclusiones del semestre europeo, se fundamenta en las previsiones económicas de otoño, ya que España, por segundo año consecutivo, no ha remitido un plan presupuestario detallado para el año en cuestión, una ausencia que la propia Comisión considera una carencia en la planificación fiscal.

Según el análisis técnico de la Comisión, el crecimiento del gasto neto público español previsto para 2026 "superará el límite recomendado por el Consejo". No obstante, el informe matiza inmediatamente que esta desviación se cuantifica como "inferior al 0,3% anual y al 0,6% del PIB acumulado". Estos porcentajes, aunque aparentemente modestos, representan el núcleo del nuevo marco fiscal de la Unión Europea, diseñado para garantizar la estabilidad económica a medio plazo.

En palabras textuales del documento oficial, "por tanto, se prevé que España corra el riesgo de incumplir el crecimiento máximo recomendado del gasto neto en 2026". La reiteración de la palabra "riesgo" subraya la naturaleza preventiva del aviso, dejando una ventana abierta para que las autoridades españolas adopten medidas correctoras antes de que el posible incumplimiento se materialice. La advertencia de Bruselas no llega en vano.

El diagnóstico comunitario encuentra un eco poderoso en el análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el órgano supervisor español que el mes pasado ya proyectó un escenario similar. La AIReF alertó de que el crecimiento del gasto primario neto (excluyendo las medidas de ingresos), que es la variable clave de supervisión del nuevo marco fiscal europeo, sería del 4,6% en 2026, cifra que supera con claridad el 3,5% comprometido por España en su Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo.

Esta sincronía entre Bruselas y Madrid es notable. Tanto la Comisión como la AIReF coinciden en señalar que el límite anual (el 0,3% del PIB) se superaría en aproximadamente 1.200 millones de euros. Sin embargo, y aquí reside uno de los matices más importantes, ambas instituciones concuerdan en que no se superaría el límite acumulado (el 0,6% del PIB). Esta distinción es crucial, ya que el marco fiscal europeo valora tanto la desviación puntual de un año como la acumulada durante el periodo de vigencia del plan.

Las implicaciones y los próximos pasos

La conclusión de la AIReF, que ahora apoya indirectamente la Comisión, es que para 2025 no serían necesarios ajustes fiscales adicionales. El problema se concentraría en 2026, año en que, según las previsiones actuales, se traspasaría por un estrecho margen el límite anual, sin llegar a vulnerar el límite acumulado. Ahora bien, ¿qué implica todo esto en la práctica? La Comisión Europea no activa por ahora ningún mecanismo sancionador; se encuentra en una fase de diálogo y aviso previo. No obstante, la presión sobre el Gobierno aumenta.

Se requiere que España presente un plan creíble que demuestre cómo prevé ajustarse a los compromisos adquiridos, especialmente en un contexto económico global incierto. La falta reiterada de un plan presupuestario específico para 2026 es, para Bruselas, una señal de alarma sobre la capacidad de planificación a largo plazo. En definitiva, España se encuentra en una situación de vigilancia reforzada. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, que deberá decidir si implementa medidas previas para contener el gasto o asume el riesgo de una desviación que, aunque pequeña, podría suponer un nuevo enfrentamiento con las instituciones europeas en un futuro próximo.