El actual sistema de pensiones establece unas cantidades mínimas que se consideran imprescindibles para poder sobrevivir. A tal fin, abona lo que se conoce como complemento de mínimos a aquellos trabajadores por cuenta propia (autónomos) o por cuenta ajena (asalariados), cuyas cotizaciones a lo largo de su vida laboral han sido insuficientes para alcanzar la pensión digna que establece el Estado. En septiembre, el coste de los complementos mínimos supuso un desembolso de 623,4 millones de euros (unos 8.730 millones de euros al año) a la Seguridad Social, que costea con fondos procedentes de los impuestos y no de las cotizaciones sociales que se destinan íntegramente a pagar las prestaciones de los cotizantes.
El septiembre se han abonado 10,38 millones de pensiones para 9,4 millones de personas, pues algo más de un millón cobra dos diferentes, especialmente una jubilación y una de viudedad u orfandad. De esos 10,4 millones, 2 millones correspondieron a prestaciones para autónomos, que tributan a través del régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Reta. Lo que supone que del total de los pensionistas de la Seguridad Social, el 19,4% del total cobran del Reta.
Pues bien, a pesar de que los autónomos suman algo menos del 20% del total, la Seguridad Social les destina el 30,5% del total del dinero que emplea en costear los complementos a mínimos del sistema. Esta diferencia se explica por dos motivos: primero porque la pensión media que les queda es de 910 euros al mes, frente a 1.429 euros de los asalariados y, segundo, porque son muchos los que tienen una pensión baja. En septiembre, de los 2 millones de pensiones del Reta, 1,3 millones estaban por debajo de los 950 euros (65% del total). A diferencia, el porcentaje de asalariados que cobran menos de esa cantidad se reduce al 39%. Lo que explica que el 36% de los pensionistas procedentes del Reta cobren complementos a mínimos.
Cotizaciones bajas
Un salto que se debe a las menores cotizaciones que pagan los autónomos frente a las aportaciones del sistema de los asalariados, aportadas en un 23% por la empresa, y en algo más del 6%, por el trabajador. Las Estadísticas de la Seguridad ofrecen datos sobre las bases medias de cotización de los asalariados, aunque no de los autónomos. Sin embargo, la Seguridad Social ha reiterado que el 80% de los autónomos han cotizado en la base mínima, como si ganasen 15.000 euros al año, y de esas bajas cotizaciones se derivan las bajas pensiones. La ministra Elma Saiz explicó en mayo que el 36% de los pensionistas autónomos reciben un complemento a mínimos.
Antes de la reforma de 2022, donde se pactaron las subidas de las cuotas ligadas a los ingresos reales, los autónomos podían elegir libremente cuánto querían cotizar a la Seguridad Social para su futura pensión y, como declaran en la Seguridad Social, el 80% elegía el mínimo. Ante las escasas pensiones de este colectivo y el coste derivado para las arcas públicas por el pago del complemento a mínimos, se acordó ir subiendo progresivamente las cuotas, lo que servirá para aumentar la pensión mínima de los autónomos y reducir el coste del complemento.
La polémica que se ha planteado estos días se deriva de la concreción de las subidas para el próximo año y para los dos siguientes, que las organizaciones de los autónomos consideran desproporcionadas. Aunque con argumentos dispares: mientras que ATA (organización integrada en la CEOE que representa principalmente a los autónomos con mayores ingresos) hablan de una subida alta sin distingos; Upta (ligada a UGT) y Uatae (a CC. OO.) destacan una subida proporcionalmente más alta para los autónomos con menores ingresos. Sumar, socio en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, apoya este último argumento y ha propuesto que las cotizaciones tengan, al igual que los impuestos, un carácter progresivo, de tal forma que paguen proporcionalmente más los que más ganan.
Sin embargo, el sistema de pensiones, sigue ligando la pensión al dinero cotizado por cada trabajador, con un complemento a mínimos de carácter social que se paga con los impuestos y no con las cotizaciones. La medida de Sumar implicaría aumentar el coste de este complemento, que roza los 9.000 millones anuales.
Propuesta del PP
Pero el nuevo sistema de pensiones del Reta choca con un hándicap: saber con certeza cuáles son los ingresos reales de cada profesional por cuenta propia. La solución adoptada en la reforma de 2022 es confiar en la declaración de la Renta que cada autónomo realiza anualmente. Hacienda, sin embargo, dispone de un número limitado de herramientas para confirmar que en determinadas actividades, se declara lo que realmente se ingresa.
Una de las herramientas más eficaces es la declaración del IVA. Cada autónomo debe retratarse trimestral ante Hacienda, primero, declarando cuánto dinero ha recibido de sus clientes por el IVA y, en consecuencia, desvelando sus ingresos de esos tres meses. Y, segundo, declarando cuánto dinero se ha gastado para poder llevar a cabo su actividad y cuánto IVA ha pagado por ello, que se compensa con el primero. Una declaración que supone una valiosa información para Hacienda de otros autónomos.
En 2020, Bruselas aprobó una Directiva que permitirá a los autónomos que ingresan menos de 85.000 euros no cobrar el IVA a sus clientes y ganar competitividad frente a actores mayores dentro de su sector. Sin embargo, la Directiva —que se ha negociado durante años con los autónomos y los agentes sociales— no ha visto la luz. Una retraso que se explica, en parte, porque Hacienda no quiere renunciar a la información fiscal que aportan las declaraciones trimestrales del IVA. Este sábado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que tiene un plan para los autónomos que pondrá en marcha si llega al poder que, de lo poco que ha desvelado, se limita a aplicar la Directiva comunitaria.