El sindicato CSIF ha presentado una demanda contra el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública por el retraso acumulado de cinco años en la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE). La organización sindical denuncia que, tras cinco años de la reforma del estatuto de los funcionarios, el trabajo a distancia sigue sin implantarse en el conjunto de las administraciones por falta de una regulación específica.
El teletrabajo en el ámbito de la Administración Pública se creó mediante real decreto en 2020 como consecuencia de la crisis del Covid-19, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público, y fijando un plazo de seis meses para adaptar la normativa en las distintas administraciones públicas. No obstante, según el CSIF, "no se han producido avances", por lo que ha planteado el tema a la justicia. El sindicato ha presentado una demanda de recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública (actualmente Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública).
Desde el sindicato han recordado que llevan "años" reivindicando la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado y, tras la aprobación del real decreto en 2020, firmaron en abril de 2021 el acuerdo por el que se desarrollaba el teletrabajo en la AGE, y en diciembre de ese mismo año presentaron sus alegaciones a la norma durante la fase de consulta pública, que culminó en enero de 2022.
Asimismo, volvieron a exigir ese mismo año a Función Pública que cumpliera lo recogido en el real decreto y, ante la ausencia de respuesta, CSIF presentó la primera reclamación administrativa por inactividad a finales de 2022 para, posteriormente, en febrero de 2023 volver a presentar un anuncio de recurso contencioso-administrativo admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que emplazó al Ministerio de Hacienda y Función Pública a remitir en un plazo de 20 días el expediente administrativo para formalizar dicha demanda. Finalmente, explican desde el sindicato, dicho expediente fue remitido al TSJM en mayo de este año, más de dos años después, por lo que CSIF ha formalizado dicha demanda.
Extenderlo a otros aspectos y pactar el sueldo
Desde la organización que agrupa a una mayoría de los funcionarios, se advierte de que sobre la mesa de negociación hay otros aspectos también importantes. El CSIF cita la falta de normas sobre la evaluación del desempeño, mejoras en la jubilación, movilidad y carrera profesional, aspectos incluidos en sendos proyectos de Ley de Función Pública, paralizados en el Congreso.
Toda esta situación se suma, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a la ausencia de un nuevo acuerdo salarial que permita aprobar la subida de este año, o el acuerdo aún pendiente para la oferta de empleo público sin tasa de reposición, entre otros.
Respecto a los sueldos, este jueves, el Gobierno dio instrucciones en el BOE para el abono del incremento adicional del salario del 0,5%, que se cobrará este mes de julio, pactado por la administración y los sindicatos CCOO y UGT. Desde el CSIF se argumenta que han sido necesarias decenas de manifestaciones en toda España desde principios de año y la presentación de una queja formal en la Moncloa, para conseguir este aumento. "Además de llegar tarde, esta subida del 0,5% es insuficiente dado que seguimos con los sueldos congelados y una pérdida de poder adquisitivo del 8% respecto al acuerdo salarial de 2022", añaden en un comunicado.
A esto se suma la ausencia de un nuevo acuerdo salarial que permita aprobar la subida de este año, o el acuerdo aún pendiente para la oferta de empleo público sin tasa de reposición, entre otros.