El coche eléctrico no avanza ni en España ni en la Unión Europea al ritmo que se esperaba para contribuir a la descarbonización de la economía. Además, en el estado español hay miles de personas que llevan meses esperando las ayudas concedidas por las administraciones autonómicas. Es por ello que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles nuevas medidas para potenciar la compra y la producción de coches eléctricos agrupados en el nuevo Plan Auto 2030. La principal y más conocida, un nuevo plan de ayudas directas para los compradores de coches, esta vez gestionado directamente por el gobierno español, que defiende que así llegarán con más celeridad a los bolsillos de los compradores. El nuevo plan tiene propuestas de estímulo a la demanda como las ayudas, pero también a la oferta con medidas de carácter industrial.
Las ayudas directas de hasta 400 millones, que no se ha especificado de cuánto serán por cada vehículo, se complementarán con la fiscalidad favorable vigente, que se mantendrá. Ahora mismo, los coches eléctricos están exentos de pagar el impuesto de matriculación y el ejecutivo estudiará otras medidas fiscales. Las ayudas a coches eléctricos actualmente llegan a 7.000 euros en algunos casos. Estas medidas irán acompañadas de una campaña de comunicación para fomentar el coche eléctrico.
En cuanto a las ayudas a la producción industrial, el gobierno español prevé 7 medidas prioritarias. La primera tiene que ver con la concesión de permisos para explorar y conseguir materias primas críticas, algunas de ellas piedras raras, y una simplificación de la normativa de tramitaciones. En segundo lugar, el ejecutivo prevé dar más ayudas a la investigación y desarrollo de la producción, el ensamblaje de celdas y el reciclaje de materiales, de nuevo acompañado con una aceleración de la concesión de permisos.
La tercera medida en clave industrial comporta el mismo tipo de ayudas a I+D de componentes, con un fomento de la internacionalización y la escala productiva para transformar a los proveedores y complementado con líneas de crédito avaladas o blandas, como las que ofrecen el ICO o ENISA.
Con el apoyo a tecnologías duales que pueden servir para diversos sectores, como la defensa, el gobierno español espera diversificar los proveedores. Por otro lado, las ayudas para proyectos en capacidad productiva y productividad tecnológica, así como la economía circular, para desarrollar nuevos modelos electrificados. El presidente afirmó que quiere que haya más coches eléctricos españoles.
Moncloa hará también convocatorias anuales con diferentes ayudas de diversas temáticas, como ya hace con las ayudas Cervera a centros tecnológicos.
El gobierno español, finalmente, desarrollará un decálogo para la promoción del ecosistema español de automoción y desarrollará un sello voluntario que destaque el valor añadido de la inversión en España.
En cuanto a la etapa final de la cadena de valor, es decir, las baterías, el equipo de Pedro Sánchez prevé hasta 12 medidas. La primera y más importante es un plan nacional de despliegue de infraestructura de recarga, con una mejora de la gobernanza gestionada por los objetivos anuales. Mantendrá las ayudas directas y creará nuevas para zonas sombra, es decir, aquellas donde no hay actualmente cargadores.
Analizará nuevas medidas fiscales para fomentar el despliegue de la red de recarga, que incluyen la posibilidad de modificar el IRPF, deducir impuestos de sociedades y otros incentivos. Además, desarrollará un marco normativo para agilizar el despliegue de la red, con límites de tiempo de tramitación y otros tipos de medidas.
Incluirá nuevos criterios de flexibilidad y analizará la posible creación de nuevas normativas, además de un mapa español de disponibilidad de red, con el fin de mejorar la planificación de la red eléctrica y la recarga. Además, hará un plan de choque para la señalización de los puntos de recarga de acceso público.
El gobierno español dotará de un marco normativo para la operación de vehículos autónomos conectados en España y favorecerá la divulgación de la tecnología incorporada, impulsará inversiones estratégicas y líneas de financiación para la tecnología en torno al CCAM (Cooperative Connected Automated Mobility), fomentará el cumplimiento y estandarización de normativas de ordenación de movilidad, como por ejemplo las Zonas de Bajas Emisiones o los incentivos a aparcamientos de vehículos eléctricos, repartirá ayudas y financiación a la investigación en baterías. Finalmente, creará un marco regulador de seguridad, responsabilidad legal y operación de plantas de reciclaje de baterías y componentes.