El teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales de Sant Cugat, Jordi Puigneró, ha revelado que el gobierno municipal ha tenido que dar de baja a más de 4.000 personas de golpe "porque alguien no había hecho los deberes". En una entrevista en Tot Sant Cugat, Puigneró ha criticado la gestión del padrón que hicieron desde la CUP en la anterior legislatura: "Quizás ellos están orgullosos, pero en este año y medio hemos hecho el trabajo y hemos puesto orden". Según ha explicado Puigneró, antes de la llegada del tripartito, en este municipio se daban de baja unas 1.000 personas cada año. En cambio, según ha detallado durante el primer mandato del tripartito de ERC, PSC y la CUP, en el año 2020 solo se dieron de baja 5 personas, 2 en 2021 y 7 en 2023. Para Puigneró las cifras "no reflejan la realidad poblacional del municipio y considera que los responsables de entonces no estaban acreditados para gestionar esta área". Con el fin de resolver la situación heredada, el gobierno municipal, ahora en manos de Junts per Catalunya, ha dado de baja a más de 4.000 personas.
Desde la CUP defienden su gestión y acusan a Jordi Puigneró de tener una "carencia de rigor intencionada", puesto que según denuncian no ha aportado al pleno municipal ningún documento que constate los datos de las cuales habla. En este sentido, el regidor y portavoz de los cupaires, Marco Simarro, ha criticado "la utilización del padrón" por parte de Junts y denuncia el señalamiento tanto de él como de Lourdes Llorente, que estaban al frente de la gestión del padrón a los que Puigneró acusa de "desbarajuste absoluto". En declaraciones a El Nacional, Simarro ha detallado que durante los años de pandemia prevalecieron los criterios de gestión por la covid por encima del padrón, y que durante años no se ejecutaron las mismas bajas de las habituales porque las prioridades municipales eran otras. Con todo, Simarro ha lamentado que Juntos haya usado este argumento con la "voluntad de generar duda sobre la gestión de la CUP. Lamentamos que Junts se haya sumado a esta tendencia".
500 personas empadronadas en la Casa Mónaco
Jordi Puigneró también ha hablado sobre el caso de la Casa Mónaco, un edificio municipal donde había más de 500 personas empadronadas. Aunque ha admitido que muchas situaciones se podrían justificar, ha puesto en duda que la cifra sea "normal" y ha añadido: "Tres veces más que Sabadell, cuatro veces más que Cerdanyola o Rubí en un equipamiento público". Actualmente, se ha quedado con 400 personas y Puigneró ha defendido que "estamos haciendo el trabajo que ustedes no hicieron". Sobre las personas empadronadas en este emplazamiento público, el regidor de la CUP, ha argumentado que, acogiéndose a la ley, prevalece la cura y protección de personas en situación de vulnerabilidad y por este motivo, hay centenares de personas empadronadas en la Casa Mónaco.
Entre 2019 y 2023, el Ayuntamiento de Sant Cugat estuvo gobernado por ERC, PSC y CUP, y estos últimos gestionaban el área de padrón y servicios sociales. En este periodo de tiempo solo se desempadronaron a un total de 900 personas. En los últimos seis meses, el gobierno municipal actual ha detectado situaciones de irregularidad de personas que hace años que no viven en el municipio, pero que siguen recibiendo ayudas sociales. Fruto de esta investigación, en los últimos meses se han dado de baja 3.500 personas y se espera que se den de baja 700 personas más, en total 4.200. Sant Cugat es un municipio con 100.000 habitantes, por lo tanto, un 4% de la población será desempadronada. Del total, 1.000 son de nacionalidad española, 1.000, comunitarios de la Unión Europea y, 2.000, no comunitarios, la mayoría de ellos sudamericanos y del Magreb.
El pacto del Padrón en Catalunya
El pasado 18 de junio, los grupos del PSC, ERC, Comuns y CUP firmaron en el Parlament el Pacto del Padrón con la red impulsora de esta iniciativa, que conforman una quincena de asociaciones y plataformas de entidades. Los firmantes del pacto quieren enviar un "mensaje rotundo" de que Catalunya no acepta que "se vulneren derechos", recalcando que el padrón es un derecho y una obligación por ley. También recordaron que documentaron vulneraciones en 37 municipios y advierten que no son "prácticas puntuales". La firma estuvo marcada por la ausencia de Junts —partido con más de 300 alcaldías—, y los impulsores consideran que es una "lástima" pero dicen que están "a disposición" de quien quiera sumarse más adelante. Tampoco dieron apoyo el PPC, Vox y Aliança Catalana.
El documento del pacto indica que la Ley reguladora de las bases de régimen local establece que todas las personas residentes en un municipio tienen la obligación jurídica de empadronarse y, por lo tanto, al mismo tiempo, el ayuntamiento tiene que garantizar y facilitar el ejercicio. También que se promoverán políticas de empadronamiento activo, proteger los niños y los colectivos en situación de vulnerabilidad, así como transparencia e información pública, respetar el principio de autonomía local y crear una comisión técnica de seguimiento del pacto.