El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentado al Juzgado de primera instancia número 2 de Huesca un escrito en el que pide la intervención del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) en el conflicto por las pinturas murales de Sijena. En un escrito, el equipamiento reclama que el órgano español elabore un informe pericial sobre la manera en que se deberían desarrollar las "complejas y diversas operaciones técnicas" para ejecutar el traslado del MNAC hasta el Monasterio de Santa María de Sijena. El museo -que recuerda las "divergencias" de criterio entre las dos partes- dice que el objetivo es que el organismo concrete un proyecto de conservación sobre el cambio de ubicación para asegurar su preservación. El Museu Nacional recuerda en el escrito que la elaboración de dictámenes forma parte de las atribuciones del órgano, y que este se debería basar en la metodología de gestión de riesgos de acuerdo con las directrices del Plan Nacional de Conservación Preventiva del Ministerio de Cultura aprobado en el año 2015.
En el escrito, se indica que las pinturas murales constituyen en la actualidad un bien de interés cultural y, "en esta condición, están sometidos a la protección y tutela del Estado". El centro recuerda que, al ser un bien patrimonial histórico-artístico, en estas pinturas murales "coexisten" las competencias de las comunidades autónomas aragonesa y catalana, pero que, sin embargo, "en materia de patrimonio histórico o cultural hay una competencia concurrente entre el Estado y las Comunidades Autónomas", de manera que, según el MNAC, la conservación y preservación de las pinturas murales del Monasterio de Sijena "es un deber constitucional que incumbe también al Estado como titular de una competencia concurrente". El MNAC ha reiterado su incapacidad técnica para llevar a cabo el traslado de las pinturas de la sala capitular del monasterio de Sijena que actualmente se encuentran en el museo, enviando al juzgado diferentes informes, propios y de instituciones internacionales, que "avalan, ratifican y amplían" su posición sobre los riesgos y la complejidad de la operación de traslado.
Por otro lado, recuerda que tanto la Diputación General de Aragón como el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena han manifestado su deseo de que el estado participe, desde un punto de vista "estrictamente técnico", en las operaciones "encaminadas al cumplimiento de la sentencia". Además, remarca en el escrito que una de las funciones del IPCE es "la elaboración de informes en materia de conservación de bienes culturales", por lo cual considera el museo que el juzgado cuenta con "un apoyo normativo suficiente" para solicitarle este informe. El museo indica en el escrito enviado al juzgado de Huesca que el pasado viernes su presidente, Joan Oliveras, envió una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la cual le solicitaba formalmente la intervención del órgano español en el caso. En este sentido, el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena presentó el pasado jueves un escrito ante la jueza para que requiriera al ministro por incurrir en un delito de usurpación de funciones judiciales si sus técnicos trabajan en el proceso de devolución.