Declarar en lengua catalana en los juzgados sigue siendo una odisea en Catalunya. Así se ha demostrado este martes en el juicio del caso Vacunas en la Audiencia de Barcelona. El exconseller de Salut Josep Maria Argimon, acusado del delito de prevaricación por supuestamente retrasar la vacunación a policías españoles destinados en el país, con la entonces consellera Alba Vergés, ha pedido declarar en catalán, su lengua propia. La sección 6.ª de la Audiencia de Barcelona, previsora, pidió un traductor de catalán a castellano porque los cuatro abogados que representan a las acusaciones populares de los sindicatos policiales españoles son de fuera de Catalunya. Argimon ha empezado a declarar en catalán y el profesional sentado a su lado hacía una traducción simultánea, que imposibilitaba escucharlo bien. El presidente del tribunal, el magistrado José Manuel del Amo, ha parado al profesional y le ha dicho que tradujera respuestas, aunque lo ha hecho con frases y no de forma precisa, demostrando su poca pericia. El presidente del tribunal ha manifestado que el juicio se podría hacer "todo en catalán"; incluso la fiscal ha interrogado en catalán a Argimon.
El exconseller Argimon, viendo los problemas que provocaba poder expresarse en catalán, se ha ofrecido a hacerlo en castellano. El presidente del tribunal le ha insistido en que declarar en catalán en los tribunales "es un derecho, reconocido por el Estatut" y otras leyes, y que es "la Administración de justicia quien debe poner los medios"para hacerlo cumplir, además de añadir que diariamente se habilitan traducciones en otros idiomas. La lengua catalana, sin embargo, parece que no es reconocida, ni como cooficial. Para facilitar las cosas, la abogada del exconseller, la penalista Olga Tubau, ha hecho las preguntas en castellano para agilizar el interrogatorio. A veces, preguntaba en catalán y "sin dar-se cuenta", ha dicho, y con naturalidad.
Otros casos
No es la primera vez que declarar en catalán en los juzgados es más difícil que en chino. El servicio de traducción que tiene contratado la Generalitat incluye lenguas y dialectos minoritarios. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, lo puede certificar cuando pidió declarar en catalán en el juicio a los hijos del president Jordi Pujol en la Audiencia Nacional. En su caso, la traductora no dominaba mucho la lengua catalana, y los abogados defensores hicieron de traductores. También es reciente el caso de una forense que se quejó a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque una jueza de la demarcación de Girona la invitó a informar en castellano al asegurar que desconocía la lengua catalana. Hay magistrados, la mayoría de la Associació Àgora Judicial, que mantienen la lengua catalana en sus juicios, y si hay un abogado de fuera de Catalunya, el mismo juez le traduce lo que no entiende.
La realidad es que los esfuerzos de la administración catalana y de operadores jurídicos para que el catalán sea una lengua de uso habitual siguen cayendo en saco roto y el castellano se impone en los juzgados en Catalunya. Por ahora, se ha demostrado insuficiente la modificación legal que permite a testigos, como ya tenían los acusados, poder declarar en su lengua propia en tribunales del Estado español.