Este domingo se han cumplido 50 años desde que Adolfo Suárez juró su cargo, arrodillado en un reclinatorio de terciopelo frente a un enorme crucifijo que presidió la sala del palacio de la Zarzuela, como presidente del Gobierno. No fue, propiamente dicho. el inicio de la Transición, ya que ese proceso no se pondría en marcha hasta las elecciones del 15 de junio del año siguiente, pero sí puede considerarse el momento cero del inicio del intento de desmontar desde el sistema el régimen franquista. Suárez, que procedía de las mismas entrañas del régimen y tenía la condición de ministro secretario general del Movimiento en el gobierno de Arias Navarro, permanecería en el cargo hasta el 28 de febrero de 1981, es decir, no llegó a los cinco años al frente del gobierno.
A Suárez lo apartaron formalmente los militares rebeldes que no compartían sus grandes líneas maestras hacia una España que evolucionara realmente de la dictadura a la democracia y, para ello, era necesario desmontar todo el andamiaje franquista. El expresidente, un político de Ávila, alejado de las grandes familias de Madrid y del entramado institucional, financiero, judicial y mediático, llegó al final de su mandato a ser un político contra las cuerdas. Había perdido el aura del 75 de político reformista y el harakiri de las Cortes franquistas ya quedaba lo suficientemente lejos para que los que lo padecieron se lo echaran en cara y los que se beneficiaron vieran en Suárez más un engorro que alguien a quien continuar apoyando.
Junto con Suárez desaparecieron las opciones de que España tuviera autonomías de dos velocidades, con Catalunya, Euskadi y Galicia muy diferentes en competencias y atribuciones a todas las demás
Junto con Suárez desaparecieron las opciones de que España tuviera autonomías de dos velocidades, con Catalunya, Euskadi y Galicia muy diferentes en competencias y atribuciones a todas las demás. No es que Suárez creyera firmemente en este modelo, pero tenía una ventaja respecto a todos los demás que le han ido sucediendo: aprendía sobre la marcha y no le costaba rectificar. Por sorprendente que pueda parecer, cuando su partido, la UCD, se desmembró entre conspiraciones, promesas y pagos por adelantado, solo le quedaron unos pocos fieles de su partido y Jordi Pujol en Catalunya y Xabier Arzallus en el País Vasco. El paso del tiempo ha agrandado la figura de Suárez, de la misma manera que ha empequeñecido otras, y si se mira desapasionadamente, los estatutos de Autonomía de 1979 tuvieron un recorrido con Suárez y otro muy diferente a partir de su dimisión, con la famosa LOAPA como la ley de leyes para armonizar el mapa autonómico y cerrarlo a cal y canto.
Este capítulo de la historia del final de Suárez no se ha querido indagar nunca, una vez que el Estado decretó su muerte civil primero, con su dimisión de la presidencia del gobierno en 1981, y más tarde con la demencia senil degenerativa, en 2003, que le apartó definitivamente de los actos oficiales. Pero, ahora que unos y otros tratan de declararse herederos suyos, desde el PP de Alberto Núñez Feijóo hasta algunos socialistas, lo cierto es que PP y PSOE primero lo ahogaron políticamente y más tarde económicamente. Hasta el extremo de que la gran banca española estranguló su proyecto político del CDS, fundado en 1982, tras salir de la UCD, ya que a nadie convenía que aquel descontrolado Suárez, que cuestionaba el papel de Juan Carlos I y había visto cómo las gastaba el deep state, continuara en la vida pública.