Al comienzo del Gobierno de Pedro Sánchez, el descrédito de la judicatura era un discurso impulsado principalmente por sectores independentistas y nacionalistas, alimentado por las operaciones de la denominada policía patriótica. Con el tiempo, esa desconfianza se extendió a partidos de izquierda y ahora alcanza a socialdemócratas y progresistas. El resultado es un divorcio a cámara lenta entre una parte significativa de la sociedad civil y la cúpula judicial, una ruptura de la confianza que erosiona la percepción de la independencia de la Justicia. Desde la élite —a veces trinchera— judicial apenas se percibe la magnitud del riesgo: el corporativismo actúa como un escudo, los privilegios permanecen intactos y la opinión del ciudadano medio queda relegada a un plano secundario.
Parece un fenómeno intangible, una desafección sin consecuencias reales, incluso inocua. Pero toda institución descansa, además de en sus competencias legales, en la legitimidad social. Cuando se deteriora, el problema pasa de ser reputacional a un desgaste democrático. Cuando además se trata de un poder del Estado, desmoraliza la falta de control y rendición de cuentas sobre esa percepción de escoramiento judicial. Las encuestas en El País y La Vanguardia de esta semana coinciden en que una mayoría de ciudadanos cree que existe lawfare, jueces parciales y escorados a la derecha, moviéndose por motivaciones políticas utilizando la ley. Una corrupción líquida que socava el mandato constitucional de imparcialidad. Más útil que el tracking semanal sobre intención de voto de unas generales son los comportamientos y las percepciones sociales. Y hace tiempo demasiada gente cuestiona la Justicia de unos pocos. Un solo juez, Juan Carlos Peinado, puede contaminar al resto. El silencio del Poder Judicial, o la incomprensión social de ese silencio, hace el resto. En datos de sendas encuestadoras, más del 65% de los ciudadanos cree que existe el lawfare —el 78% de votantes del PSOE—; un 34% cree que los jueces favorecen a la derecha frente a un 16% a la izquierda, y casi un 60% cree que los jueces no se castigan a sí mismos por hacer mal su trabajo.
Es un error creer que la percepción del lawfare nace de la propaganda del Gobierno para tapar alguna de sus causas —que también—. La confianza en la Justicia es una trinchera más de la polarización. En este caso, parte del muro lo levantó el Consejo General del Poder Judicial, atrincherado para evitar durante años su renovación. Conspirando en restaurantes para que no los movieran. O manifestándose con la toga en la puerta del Supremo por una ley de amnistía que emana del Poder Legislativo.
La Justicia puede sobrevivir a las críticas, pero difícilmente sale indemne cuando demasiados ciudadanos ven que aplica distintos raseros
Los ciudadanos informados perciben sin matices doble vara de medir. Más allá de los argumentos técnico-jurídicos —que siempre existen para sostener una resolución—, desde ambas gradas el rasero no parece el mismo. Solo tres ejemplos esgrimidos por esa parte de la población que señala el lawfare. Se escuchó a Dolores de Cospedal conspirar con el comisario Villarejo para recuperar la "libretita" de Luis Bárcenas. Si una conversación idéntica la protagonizaran Santos Cerdán y Leire Díez para destruir pruebas que afectaran al presidente, pocos dudarían de que el desenlace sería penal. Cospedal acabó como testigo; Cerdán acabaría en prisión. Segundo ejemplo. La asesora de la Moncloa, Cristina Álvarez, se sentará en el banquillo por enviar correos de trabajo de la esposa del presidente. Mientras, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, reconoce sin ambages que coordina la defensa mediática de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, desde su puesto institucional. Begoña Gómez no ha cometido un delito fiscal, el jefe de gabinete de Ayuso está ayudando a un imputado por delitos graves a defenderse porque es la pareja de su jefa. No hay más. Dos casos parecidos, respuestas distintas. Último ejemplo. El último juez con una instrucción similar a la de Juan Carlos Peinado fue Elpidio José Silva, apartado de la carrera judicial por dictar resoluciones injustas en el caso Bankia contra el banquero Miguel Blesa.
Son tres ejemplos de un desgaste paulatino y silencioso. Y todo poder acaba pagando el precio de su desgaste cuando nace de la percepción de los abusos. La Justicia puede sobrevivir a las críticas, pero difícilmente sale indemne cuando demasiados ciudadanos ven que aplica distintos raseros. Ven, o perciben, lo mismo da. Las consecuencias son las mismas.