La jueza de Barcelona ha acordado de mantener la intervención judicial de las fundaciones Cellex y Mir Puig porque asegura que los indicios delictivos contra los albaceas del patrimonio personal del empresario químico y filántropo de la ciencia catalana Pere Mir, y su mujer, se han “reforzado”, según una resolución a la que ha tenido acceso ElNacional.cat este lunes. En la resolución, la titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona, la magistrada Myriam Linage, sostiene que de la investigación “se desprende una administración desleal cuantificable en 2.287.909 euros y una apropiación indebida por parte de Jordi Segarra y de personas de su entorno de 79.170 euros”. Los otros dos albaceas investigados son el oncólogo Josep Tabernero y Juan Francisco Capellas, a los cuales la instructora precisa que "no se ha encontrado una implicación tan amplia y directa, en las operaciones que infringen las disposiciones testamentarias, como las de Segarra", a pesar de que también salen beneficiados por la herencia. Precisamente, los tres albaceas, que han asegurado que han cumplido las últimas voluntades de Mir, han sido citados a declarar como investigados esta semana. Mir murió el 2017 y dejó todo su patrimonio a su mujer, que murió un año después, y su patrimonio -cifrado en unos 400 millones- fue destinado a las fundaciones y para financiar proyectos de biomédica y fotónica.
La Audiencia de Barcelona dio la razón a los albaceas -defendidos por Pau Molins y Jorge Navarro- que la intervención de las fundaciones -con la gestión judicial delegada al Departament de Justicia, que controla la legalidad de las fundaciones- hecha el abril pasado no había garantizado su derecho de defensa, y anuló la intervención, el noviembre pasado. La instructora celebró una vista, el diciembre pasado, para que defensas y acusaciones expusieran sus argumentos, y ahora, la magistrada mantiene su posicionamiento de intervención, con el apoyo de la Fiscalía y de las acusaciones particulares y populares. Àngel Surroca, colaborador de Mir y gestor de negocios de la empresa Deribados Forestales, que el 2023 denunció estas supuestas irregularidades, es uno de ellos. Las dos sobrinas de Pamias, que recibieron parte de la herencia, también se han personado como acusación particular, en asegurar que en marzo de 2025 se mantenían -a su parecer- las acciones de despatrimonización.
Alertas de la instructora
En el auto, la magistrada manifiesta que "es precisamente la sospecha de que los albaceas están llevando a cabo la liquidación de activos sin preservar el equivalente económico a favor de los últimos beneficiarios de la herencia del matrimonio MIR-PAMIAS; a saber las fundaciones MIR PUIG y CELLEX, respetando las disposiciones testamentarias del señor Mir Puig, lo que justifica la investigación penal de un eventual delito de administración desleal, por lo que se alza como una de las finalidades de la causa, garantizar la integridad del remanente que pueda en su caso, si finalmente así lo dispone una sentencia, ponerse a disposición de los legítimos beneficiarios". También precisa "la no inclusión de la colección de joyas y relojes del matrimonio "MIR-PAMIAS" en el inventario de la herencia que acabó recibiendo la fundación Cellex. Y añade: "De dicha colección de joyas, que según un inventario (posterior a la defunción del matrimonio), estaría valorada en más de 2.100.000 euros, se desconoce su destino".
Pagos para obtener silencios
La magistrada también manifiesta que hay "un uso cuestionable de fondos", e incluso pone ejemplos "de la utilización de fondo de la herencia para hacer pagos, la justificación de los cuales es dudosa y que podrían estar orientados a la obtención de silencios, lealtades o favoritismos". Detalla que Jordi Segarra, habría hecho gestiones ajenas a la de un albacea, "realizando transferencias a antiguos trabajadores del matrimonio, y a familiares de estos, con las cuales conseguiría ganarse su lealtad o su silencio". Añade que "se puede observar el cobro en efectivo de cheques con cargo a la cuenta de la señora Pàmias, careciendo de justificación, o con justificaciones que no procederían".
Además, la jueza asegura que "uno de los beneficios obtenidos por Segarra, a consecuencia de dilatar la ejecución de las últimas voluntades, con la muerte de Pàmias (agosto de 2018), ha sido el cobro de nóminas como administrador de diversas de las sociedades que tenían que ser liquidadas. Se aportan datos de Hacienda sobre sus ganancias, que -según la investigación realizada por los Mossos- llega casi a un 60% adicional del año 2018 al 2019. El coste de sus nóminas para el patrimonio administrado es superior a los 1.100.000 euros, afirma.
En el caso del doctor Tabernero se destaca no sólo de su condición de apoderado de diversas sociedades
(SIMEX S.L, FISA RECUBRIMENTOS SA, MIL VENTË S.L. JOSE PAMIAS SA y SA DE INTERESES) encargadas todas ellas de gestionar el patrimonio familiar MIR-PAMIAS, si no de su directa implicación en algunas de las operaciones ya detalladas. Concretamente, la donación proveniente del patrimonio de la mercantil SIMEX, referente a la propiedad de una finca en el Val ld' Aran "de la que fue directamente beneficiario, además de receptor de una suma dineraria de 312.000 euros". También se apunta su intervención en una donación de 550.000 euros por parte de la Fundación Mir-PUIG a Luis Torner Sabata.
Finalmente, la investigación precisa que la gestión llevada a cabo sobre el patrimonio del Mir-Pàmies, en las diferentes mercantiles y fundaciones controladas por Segara, "implica una administración desleal que supondría-un perjuicio de 6.215.039,54 euros". Se detalla que de esta gestión se desprende la apropiación indebida de un total de 287.968 euros por parte de Segarra, y 954.000 euros por parte de Tabernero.
Además, de la gestión llevada a cabo respecto al patrimonio personal del matrimonio MIR-PAMIAS que sus albaceas debían de hacer llegar a la Fundación Cellex, como heredera universal, "se desprende una administración desleal cuantificable en 2.287.909 euros y una apropiación indebida por parte de Segarra y de personas de su entorno a 79.170,20 euros". La magistrada concluye que sobre las operaciones, las defensas "no han ofrecido ninguna clase de justificación que pudiera suponer una alternativa atípica", y que se han limitado a denunciar la enemistad o un ánimo espurio de algunas de las acusaciones.
Así, mantiene la administración judicial durante seis meses de las dos fundaciones y las cinco sociedades vinculadas de Mir, a cargo del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat.