La Audiencia de Barcelona ha revocado la intervención judicial de las fundaciones Cellex y Mir Puig el pasado abril, al admitir que se adoptó vulnerando el derecho de defensa de los tres albaceas del empresario químico y filántropo de la ciencia catalana Pere Mir, según la resolución adelantada por La Vanguardia y a la que ha tenido acceso ElNacional.cat este martes. En concreto, la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona sostiene que los tres albaceas investigados -el oncólogo Josep Tabernero, Jordi Segarra y Juan Francisco Capellas- no tuvieron tiempo de analizar la causa y los hechos que se les imputa por los delitos de administración desleal y apropiación indebida, tal como exponen sus defensores Pau Molins y Jorge Navarro.
Por ello, el tribunal ha acordado que la titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona, que investiga una supuesta irregularidad en la gestión de las dos fundaciones y cuatro empresas asociadas, vuelva a convocar la vista de medidas cautelares, dándole al menos diez días a la defensa. Sin embargo, la Audiencia admite que la magistrada instructora, Myriam Linage, puede volver a dictar la misma resolución de intervención de las fundaciones, controladas por el Departament de Justicia por encargo judicial, y que se personó como acusación particular en la causa.
Además de la intervención de las entidades, la magistrada ordenó que los investigados no tuvieran poderes sobre tres inmuebles, como una casa a Baqueira, a pesar de que se aclara que sí que pueden hacer uso.
Un perjuicio de 6 millones
En la resolución, la Audiencia de Barcelona expone que la investigación -encargada a los Mossos d'Esquadra- se hizo en secreto durante un año entre el 20 de marzo de 2024 y el 5 de abril de 2025, y sin que se acordaran medidas cautelares, mientras que solo se dio 24 horas a los albaceas investigados para defenderse en la vista de medidas cautelares. Los investigados se negaron a declarar al desconocer la causa y alegar indefensión, como ahora ha confirmado el tribunal. "No se les ha dado el tiempo y las facilidades adecuadas", sostiene la sección 9.ª, haciendo referencia a la terminología usada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para garantizar el derecho de defensa.
Pere Mir murió el 2017 y al año siguiente, su esposa, Nuria Pàmias, a quien delegaba sus bienes. Se indica que Mir expresó que dejaba su herencia a acciones sociales y de investigación, gestionada por la fundación Cellex, a pesar de que el testamento de 2011 se cambió el 2013. La denuncia contra los albaceas es que habrían desviado parte de la herencia a fines personales o créditos no recogidos en las últimas voluntades de Mir.
La instructora cifra el perjuicio provisional en 6.215.039 euros y vinculó la necesidad de cautela a "la persistencia de actos recientes de disposición", como préstamos en enero de 2025, lo cual -sostuvo- "acredita un riesgo de continuidad delictiva". Rechazó, por otro lado, que las instrucciones de Mir amparen donaciones o autopréstamos como las realizadas.
Por su parte, la Fiscalía afirmó, además, que "la administración judicial es idónea y necesaria ante la falta de colaboración con el Protectorado y la magnitud del patrimonio afectado", por lo cual con una simple intervención no habría suficiente para los hasta perseguidos.
Con todo, siete meses después de la intervención judicial de las fundaciones de Mir, la instructora tiene que convocar una nueva vista de medidas cautelares, dando tiempos a las defensas para analizar toda la causa.