Los tres ejecutores testamentarios del empresario químico y filántropo de la ciencia catalana Pere Mir han pedido a la Audiencia de Barcelona que revoque la resolución de la magistrada de Barcelona que los investiga por apropiación indebida y administración desleal y que el abril pasado les retiró el control de las fundaciones Cellex y Mir Puig, ahora gestionadas por la Generalitat, que además se ha personado como acusación particular. Su defensa, ejercida por el penalista Jorge Navarro, ha aportado documentación en la cual Pere Mir deja escrito sus voluntades y que sean ejecutadas por Jordi Segarra, de 91 años y hombre de su confianza, y niega cualquier irregularidad en la gestión o que se hayan quedado dinero y bienes. Los otros dos albaceas investigados son el oncólogo Josep Tabernero y Juan Francisco Capellas.

En el recurso, la defensa de Segarra, Tabernero y Capellas afirma que "de forma acrítica" la Fiscalía y la titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona han asumido la "hipótesis acusatoria de los Mossos d'Esquadra", que han investigado el caso.  Recuerda que la investigación tiene que ser dirigida por la magistrada o el Ministerio Fiscal, y no por el cuerpo policial, como fija la jurisprudencia. También sostiene que se ha perjudicado su reputación con la intervención judicial de las fundaciones y empresas de Pere Mir.

Volver al juzgado a declarar

En el escrito, avanzado este jueves por La Vanguardia y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, su abogado denuncia que se les ha vulnerado su derecho de defensa y aplicación de la legalidad porque la investigación estuvo secreta hace más de un año, dándoles solo un día para ver la causa y comparecer ante la magistrada.  El 14 de abril pasado los Mossos de Esquadra detuvieron a los tres investigados y el mismo día en la comparecencia al juzgado se acogieron a su derecho a no declarar al desconocer el contenido de la investigación. Por eso, de forma subsidiaria, la defensa pide que si no se anula la resolución de abril, se haga una retroacción de las actuaciones y se los vuelva a citar en el juzgado con "una antelación razonable".

Contra el análisis de los móviles

En un segundo recurso, al cual ha tenido acceso este diario, los investigados Jordi Segarra y Josep Tabernero piden a la Audiencia de Barcelona que revoque también la resolución de la magistrada del 16 de abril pasado que permite el volcado de sus móviles y ordenadores para recoger indicios incriminatorios. La defensa sostiene que los indicios apuntados por los Mossos son "genéricos" y no aportan nada para aclarar nada para aclarar la gestión del patrimonio de Mir. Si la petición es denegada, solicitan que el volcado se haga en presencia de su defensa y que sea la magistrada y no la policía quien limite los mensajes que se tienen que aportar y descartar a la causa.

Documentos aportados

En uno de los documentos aportados de la defensa de los investigados se reproduce las voluntades de Pere Mir. En uno dice: 'Jordi Segarra conoce mi deseo sobre las disposiciones que se tienen que tomar como consecuencia de mi muerte y le ruego que las haga cumplir totalmente.'

Y se añade otro párrafo: “Cualquier decisión que en el futuro debas adoptar respecto a mi persona o mi patrimonio, eres el único autorizado expresamente por mí, para que sea llevada a cabo puntualmente, sin injerencias ni opiniones de terceras personas y sé que cumplirás mi deseo, como siempre has hecho y quiero dejar expresa constancia de que esta es mi
única voluntad."

En la resolución del abril pasado, la magistrada Myriam Linage sitúa la apropiación indebida de la herencia de Mir en unos 6,2 millones de euros. La defensa sostiene que los investigadores "erran" y confunden" el patrimonio de Mir y su mujer Núria Pàmias,  con el "patrimonio separado" del empresario-"hecho mucho antes de morir"-,  donde se incluyen las fundaciones panameñas Elyane y Tama, y el resto de mercantiles intervenidas: Simex, Sociedad Anónima de Intereses, José Pamias, Mil Veinte, además de Plaxic, Pinar y Sacer Internacional. 

Se detalla que  de la liquidación de las sociedades panameñas se transfirió a la Fundación Cellex y  Mir Puig 38 millones de los 47 millones después de su muerte en el 2017, se indica. Y, detalla que el patrimonio conjunto de la pareja Mir-Pàmias, era de unos 15 millones de euros, y cuando murió su mujer, el 2018, este dinero se incorporó a la Fundació Cellex. Y, se insiste que no se han de mezclar los dos patrimonios.

Joyas y la casa de Baqueira

La defensa también manifiesta que las joyas "intervenidas" en las casas de los investigados por parte de los Mossos nada tienen que ver con el patrimonio de Mir, hecho que nuevamente denuncia una acción "onerosa" hacia los albaceas.

Finalmente, el abogado también recuerda que la Generalitat, a través del Protectorado de Fundaciones, presentó una demanda por la vía civil el enero contra los administradores de las fundaciones Cellex y Mir, pero que no pidió su intervención judicial, hecho que ahora se ha ejecutado por la vía penal en una investigación por los mismos hechos.

Por todo esto, la defensa de los investigados pide que se revoque la resolución de abril, que se les devuelva la gestión de las fundaciones, y si hace falta con un control judicial, y también el retorno de bienes.

Si no es así, en cuanto a Tabernero, solicita que se limite la prohibición de uso de una casa a Baqueira  -del patrimonio de Mir-, pero que se levante de dos inmuebles de Barcelona, uno de ellos es donde vive.

Para concluir, el penalista Jorge Navarro recuerda al tribunal el caso de Intervida, la fundación investigada e intervenida, a la cual después de cinco años se cerró el caso sin imputaciones, pero que perjudicó y desmontó su acción social.