La consellera de Drets Socials del Govern de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este jueves que su Departament condonará la deuda de las prestaciones para jóvenes extutleados que se habían pagado indebidamente, según el informe de la Sindicatura de Cuentas 6/2025 sobre "Prestaciones económicas de derecho subjetivo, ejercicio 2022." Es es lo que ha anunciado durante su intervención a la Comisión de la Sindicatura de Cuentas en el Parlament de Catalunya sobre este informe. Bravo ha explicado que su equipo está estudiando vías legales con el fin de hacer posible esta condonación. "La condonación no es la solución, sino que es la forma a fin de que las consecuencias no las paguen los más vulnerables", ha afirmado la consellera.
Consecuencia de la "falta de agilidad" de la administración
Bravo ha querido explicar que los pagos indebidos no son una irregularidad, sino que, según explica, surgen por la "falta de agilidad" de la administración para ajustar cantidades o suspender prestaciones. "Los pagos indebidos salen a la luz cuando las administraciones públicas tienen capacidad para detectarlo", ha explicado Bravo, que ha defendido que la situación actual del Departament no es la misma del 2022 después de la "transformación" que se impulsó el año 2023. De hecho, un ejemplo, después de estos casos, es como en junio del 2025 se traspasó el control de las prestaciones de extutleados de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) -antigua DGAIA- a la Dirección General de Prestaciones Sociales. De hecho, asegura que estos cambios "ya están dando resultados", poniendo de ejemplo menos tiempo de espera, más solicitudes resueltas y más "eficiencia".
El motivo principal de estos pagos indebidos sería el inicio de la actividad laboral de los jóvenes beneficiarios y la dilación a ajustar la cuantía de la prestación a las nuevas circunstancias de los jóvenes: esta situación de desajuste afectaría al 85% de los expedientes con posibles pagos indebidos.
La consellera anuncia dos auditorías
El informe en cuestión se centra en el año 2022 y señala que el gasto reconocido por el Gobierno fue de 3.095 millones de euros y los recursos aplicados a gastos para prestaciones económicas de derecho subjetivo representaron el 31,60%: el 34,7% se aplicó a la Renta Garantizada; el 32,96% en el resto de prestaciones y el 32,31% a las derivadas de la dependencia. Ahora bien, durante el periodo 2016-2024, según apunta la síndica Cabasés que también ha comparecido este jueves en el Parlament, se generaron 167,56 millones de euros de pagos indebidos, de los cuales 7,17 están prescritos y el 70%, según la consellera, ya han sido devueltos. También ha puesto sobre la mesa 32.647 expedientes de renta garantizada pendientes de analizar por posibles pagos indebidos; y 324 expedientes con posibles prescripciones vinculadas a la renta garantizada por 1,75 millones de euros. Por todo eso, Cabasés dice que el Departament tiene "problemas estructurales y de transparencia", mientras que la consellera ha adelantado que ya ha encargado una primera auditoría y que harán una segunda para "aclarar todos los hechos".
La condonación supondrá un respiro para los jóvenes extutelats, que denunciaron "persecución" del Departament por devolver las ayudas. La conselleria los había enviado correos reclamando que devuelvan el dinero que cobró de más, con cantidades de hasta 40.000 euros, unas cifras fuera de su alcance. De hecho, remarcaban que no habían cometido "ningún fraude ni ilegalidad". Precisamente, la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ya aseguraba el pasado julio que la Generalitat no tendría que exigir a los jóvenes tutelados el reintegro de las cantidades indebidas "si estas cantidades se han generado por un mal funcionamiento de la administración", tal como ha sucedido. Por eso, ya planteaba su condonación, precisamente.