La cara y la cruz de la causa contra trece miembros del Sindicat d'Estudiants dels Païssos Catalans (SEPC) que han sido juzgados esta semana en la Audiencia de Barcelona. Mientras el fiscal mantiene su petición de ocho años y medio de prisión para todos ellos por haber "limitado los derechos" de la ciudadanía al llevar a cabo actos vandálicos durante una manifestación contra la subida de las tasas universitarias en Barcelona en el 2017, las ocho universidades públicas de Catalunya han pedido este viernes su absolución.
Justo el día que el juicio ha quedado visto por sentencia, la Asociació Catalana d'Universidats Públiques (ACUP) ha hecho público un comunicado donde consideran que la vista tiene "una clara intención de desmovilizar al alumnado" y se lamenta que "se criminalice el movimiento estudiantil y las asambleas de estudiantes por su activismo y por su defensa de la universidad pública". La ACUP recuerda que las universidades, "aparte de generar conocimiento, tienen que fomentar el espíritu crítico de los estudiantes, que, obviamente, puede derivar en movilizaciones y protestas,", y añade que manifestarse democrática y pacíficamente para defender la universidad pública "nunca no puede ser delito". Según su opinión, "el alumnado movilizado que cuestiona el sistema y las instituciones contribuye a su mejora".
Concentración ante la Audiencia de Barcelona de apoyo a los 13 estudiantes juzgados /ACN
Los argumentos del fiscal
No comparte esta opinión el ministerio público que, en su informe final, ha acusado a los trece estudiantes de "alterar de forma sustancial la paz pública", especialmente para quemar un contenedor en medio de la calle y haber causado destrozos en una sucursal bancaria. La fiscalía los acusa de desórdenes públicos y daños. Anteriormente las defensas de los trece acusados han pedido la absolución y han calificado de desproporcionadas las peticiones de pena.
Los hechos juzgados se remontan al 2 de marzo de 2017, cuando el SEPC convocó una manifestación no autorizada a la plaza Universitat de Barcelona para reclamar una rebaja del 30% de las tasas universitarias, en la cual asistieron unas 1.500 personas, la mayoría en actitud pacífica. Un grupo de unas 125 personas protagonizó varios actos para "alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana", según el fiscal, que ha insistido en que se limitaron los derechos de los ciudadanos. Ha destacado que los estudiantes causaron en el mobiliario urbano "daños innecesarios y gratuitos que nada tenían que ver con una protesta legítima", provocando "una alteración de la paz pública mediante actos de violencia sobre bienes patrimoniales".
Para el fiscal, los trece acusados contribuyeron, de una manera u otra a la comisión de los delitos de desórdenes públicos y daños. Les aplica, además, la agravante de desórdenes con el riesgo de causar lesiones o peligro para la vida de las personas y con ocultación del rostro.
Falta de pruebas
Las defensas, por su parte, han pedido la absolución por la "absoluta falta probatoria", ya que, han resaltado, no se ha podido acreditar que los encapuchados sean los acusados. "Siendo inocentes, han cargado durante cuatro años con la espada de Damocles consistente en la posibilidad de ser condenados a la pena de prisión de ocho años y medio que corresponde a la de una tentativa de homicidio llevada a cabo con agravante", ha alertado a uno de los abogados.
"Estamos pidiendo a trece estudiantes que se vayan ocho años y medio a la prisión por su presunta participación en una manifestación en la cual se quemó un contenedor y se rompieron doscristales. La desproporción es absoluta", ha denunciado otro de los letrados.
Imagen, los trece estudiantes juzgados en la Audiencia de Barcelona / ACN