Hoy ha empezado el juicio a 13 universitarios juzgados por disturbios en una manifestación estudiantil en marzo del 2017. La Fiscalía les pide ocho años y medio de prisión a cada uno, además de multa de 11.000 euros por quemar un contenedor, dañar la fachada de un banco y otros destrozos durante la movilización.
Los acusados consideran las acusaciones desproporcionadas. Y sus abogados ponen en duda las pruebas y la investigación de los Mossos d'Esquadra. La policía sólo detuvo a una persona, días después de los hechos, y los demás recibieron la citación para declarar, también con posterioridad.
De hecho, los 13 investigados fueron identificados a partir de imágenes de la policía tomadas desde el helicóptero, de noche y en medio de una masa de manifestantes, la mayoría de los cuales iban tapados. Por eso durante la primera sesión del juicio han pedido que no se tengan en cuenta algunos de los vídeos que han aportado los Mossos como prueba para estar "manipulados".
Hoy han declarado los agentes que llevaron a cabo la investigación y, de hecho, han admitido que no se identificó a todos los acusados como autores directos de los hechos. Uno de los testigos ha asegurado que sólo uno de ellos, Anna Cruells, se vio implicado directamente en los hechos y que se la identificó por la ropa que llevaba. Pero ha matizado que "todos ayudaron a que se pudieran producir los hechos", y por eso están acusados el resto.
La Fiscalía, sin embargo, no ha diferenciado el nivel de participación de cada a uno de los acusados y los procesa globalmente por los mismos hechos, mismos delitos y pide la misma pena.
El apoyo del mundo universitario
Cerca de un centenar de personas se ha concentrado ante la Audiencia de Barcelona para dar apoyo a los 13 universitarios juzgados.
La movilización ha sido secundada por el sindicato, que ha preparado para este jueves y viernes varias actividades, como conciertos y charlas de plataformas anti-represivas. También se ha añadido Òmnium Cultural y vicerrectores de las universidades catalanas.
El Rectorado de la UB ha hecho un comunicado defendiendo la importancia que tiene el alumnado organizado para la mejora del sistema universitario y el ejercicio del derecho de manifestación de manera pacífica y democrática. La universidad confía en "un juicio justo y un desenlace absolutorio" y se pone a disposición de los estudiantes para lo que necesiten desde el punto de vista académico y personal.
El abogado de algunos acusados, Eduardo Cáliz, ha denunciado el "seguimiento" de los Mossos a miembros del sindicato universitario independentista SEPC y "la orgía punitiva" de la Fiscalía, que tiene como objetivo, según él, "la sociedad organizada y el derecho a la protesta".