José Luis Rodríguez Zapatero se ha declarado inocente este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que lo investiga por el caso Plus Ultra y por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su despacho. En total, se le imputan delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, contrabando y fraude fiscal. A preguntas del magistrado instructor y de su abogado, el socialista ha negado haber ejercido nunca ninguna influencia para favorecer a la aerolínea, que recibió un rescate de 53 millones de euros en 2021. Pero no ha dado ninguna explicación sobre las joyas; ha explicado que está recopilando documentación sobre esta fortuna. Después de una comparecencia de casi cuatro horas, la Fiscalía ha pedido que se le retire el pasaporte y, por lo tanto, se le prohíba salir del Estado español, además de tener que comparecer cada quince días en un juzgado. Las acusaciones de PP y Ciudadanos piden lo mismo; pero Hazte Oír, Iustitia Europa, Vox y Liberum van más allá y reclaman su encarcelamiento preventivo.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, Zapatero ha asegurado que conoció al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en 2024, tres años después del rescate, y que la empresa de sus hijas, Whathefav, es completamente funcional y que trabajaba de forma real y legal. De la misma manera, ha afirmado que cobraba de la consultora Análisis Relevante de su amigo Julio Martínez Martínez por encargos profesionales y verbales verdaderos que cobraba a finales de año, no como si se tratara de una sociedad pantalla. También ha dicho que él no tiene nada que ver con la sociedad offshore de Dubái, que la investigación también sitúa como parte del entramado. Así, ha negado haber contactado nunca con ningún funcionario de cara al rescate de Plus Ultra, ni tampoco con directivos de la aerolínea.
Instantes después de haber terminado su declaración, Zapatero ha emitido un comunicado en el que afirma que ha permanecido en silencio todo este tiempo por respeto al magistrado que lo investiga. "Él era el primero que me tenía que escuchar", pero "en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas", afirma el expresidente, que asegura no haber cometido ninguno de los "graves delitos" que se le imputan. Asegura ser "decente y honrado" y promete "demostrarlo con transparencia y confianza". "He presentado al tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta; confío plenamente en la justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí", dice Zapatero en un comunicado en el que asegura que "no decepcionará" a los ciudadanos.
El caso Plus Ultra
El sumario del caso Zapatero, al que ha tenido acceso este diario, sitúa al expresidente como líder de una organización criminal dedicada a influir ante organismos públicos para favorecer intereses empresariales a cambio de beneficios económicos. El juez considera que desde su oficina en la calle Ferraz de Madrid aprovechaba sus contactos de alto nivel con administraciones españolas y extranjeras para obtener decisiones favorables para sus clientes.
Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el domicilio del expresidente habría sido utilizado como espacio de coordinación de las actuaciones más sensibles de la trama. A pesar de estas sospechas, el juez descartó autorizar el registro de la casa, pero sí del despacho. Aquella operación también afectó a las oficinas de Whathefav, la empresa de sus hijas; y otras sociedades relacionadas con su entorno, como Análisis Relevante, la principal sociedad investigada en el caso y propiedad de su amigo Julio Martínez, también imputado. Los informes también atribuyen a Zapatero la condición de principal beneficiario de la estructura investigada. En el marco de la investigación, la Audiencia Nacional acordó el bloqueo de las cuentas del expresidente hasta un máximo de 490.780 euros.
Para recibir los fondos ilícitos y darles apariencia de legalidad, el entramado creó una estructura societaria descrita por los propios investigados como una "boutique financiera". Se utilizaban empresas pantalla e instrumentales para emitir facturas falsas y firmar contratos de asesoramiento ficticios. Se calcula que Zapatero acabó embolsándose dos millones de euros.
Uno de los presuntos clientes de esta trama es la aerolínea Plus Ultra. La polémica —sobre todo porque entonces sitúa todas las miradas sobre el Gobierno— nace del rescate de esta empresa durante la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus. El rescate fue de 53 millones de euros y fue concedido por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. El informe subraya el "liderazgo no visible" del exlíder del PSOE en la trama. Los investigadores creen que es "consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada".
Una colección de joyas valorada en 1,3 millones de euros
En un auto, el juez imputó a Zapatero y ordenó registrar su despacho, en la calle Ferraz de Madrid, justo enfrente de la sede central del PSOE. Los agentes de la UDEF encontraron una caja fuerte y, dentro, collares, pulseras, anillos y pendientes ornamentados con diamantes, rubíes y esmeraldas. El magistrado ordenó un informe pericial de las joyas, y ahora se ha confirmado que estas tienen un valor superior a los 1,3 millones de euros.
Ante esto, el juez ha decidido ahora abrir una pieza separada e imputarle también por contrabando y delito fiscal. El instructor indica que la posesión de bienes de lujo y la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición constituye "un indicio de la existencia de una defraudación tributaria relevante". Además, apunta que la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal alrededor del 46%. De esta manera, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros.