El acceso a la vivienda es uno de los grandes quebraderos de cabeza de la sociedad catalana, con precios desorbitados, por ejemplo, para poder alquilar un piso. Así lo recogen todas las encuestas y buena parte de la acción y los anuncios del Govern de la Generalitat van en este sentido, aunque no siempre cuentan con el aval del Parlament, que les reclama más hechos y menos palabras, como en el caso de la promesa de 210.000 viviendas nuevas. Con todo, esta problemática tiene otras vertientes, como la de las ocupaciones, sobre la que Junts per Catalunya ha querido poner el ojo. En este sentido, la cámara catalana ha tramitado, sin ninguna enmienda en contra, su proposición de ley que permitiría a las comunidades de propietarios iniciar procedimientos judiciales contra viviendas ocupadas cuando "alteren la convivencia, el orden público o se ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble". La iniciativa habilitaría la solicitud de medidas cautelares, incluido el desahucio.
Aviso al PSC y al PSOE
¿Cómo plantean los de Junts que esto sea factible? Pues a través de la modificación del libro quinto del Código Civil y la ley de la vivienda de 2023. El texto registrado, en consonancia con la propuesta hecha por el Colegio de Abogados de Barcelona, es similar a la que presentaron la pasada legislatura, que en el punto de las comunidades de vecinos fue tumbado por una mayoría de la cámara en febrero de 2023. La encargada de defender la propuesta de ley ha sido la diputada y secretaria primera de la Mesa del Parlament, Gloria Freixa, que ha lamentado que Catalunya encabeza el ranking de ocupaciones en España y casi en Europa y ha reclamado dejar de plantear este debate como una lucha de "ricos contra pobres". "Cuando los vecinos sufren una ocupación, resulta que no hay ninguna respuesta por parte de ninguna administración. Les dicen que pueden ser meses y años, mientras sufre la comunidad de vecinos, los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones y que merecen una paz social". En este sentido, Freixa ha querido recordar al PSC y al PSOE que tienen sobre la mesa, en Madrid, la ley contra las ocupaciones sobre la mesa y "no la quieren tramitar".
De la misma manera que los ayuntamientos pueden iniciar procedimientos judiciales contra ocupaciones, la proposición de ley de Junts plantea que se "habilite" a las comunidades de propietarios a actuar en estos casos en sustitución de este "y en las mismas condiciones". Lo podrían hacer cuando no lo haga el propietario y tengan lugar "actividades o actos contrarios a la convivencia normal en la comunidad o que deterioren o pongan en peligro el inmueble", así como actividades prohibidas expresamente por los estatutos, la normativa urbanística o la legislación vigente. En este sentido, el documento recoge que la presidencia de la comunidad, a iniciativa propia o a petición de una cuarta parte de los propietarios, "debe requerir fehacientemente a quien los haga que deje de hacerlos". Y si los requeridos "persisten", "la junta de propietarios puede ejercer contra los propietarios y los ocupantes para hacerla cesar". Se tendría que tramitar "de acuerdo con las normas procesales correspondientes", y la demanda debería ir acompañada del requisito y el certificado del acuerdo de la junta de propietarios.