Pedro Sánchez ha tenido una buena semana con el Papa. Una Semana bien Santa, al lado siempre de León XIV y haciendo gala de la sintonía entre ambos en algunos asuntos políticos. El presidente del Gobierno ha asistido a la ceremonia con los reyes del Palacio Real, ha tenido una audiencia privada con él, lo ha recibido en el Congreso de los Diputados, ha participado en la misa de la Sagrada Familia y la bendición de la Torre de Jesús, y lo ha acompañado también a las islas Canarias, en encuentros con inmigrantes. Incluso asistió al festival Primavera Sound, un kit-kat que le permitió ver en directo uno de sus grupos favoritos, Gorillaz. Pero se ha acabado la tregua. La tormenta judicial continúa a partir de esta semana, con el Papa ya en Roma. A su esposa, Begoña Gómez, y a su referente moral y político, José Luis Rodríguez Zapatero, les toca sentarse ante un juez.
El instructor Juan Carlos Peinado citó a Gómez el lunes a las seis de la tarde a una audiencia preliminar, con la expresa "obligación de comparecer de forma personal". Si ella y los otros dos investigados, su asesora en la Moncloa Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés no hacen acto de presencia, el magistrado amenaza con ser "llevados por la fuerza" y tomar medidas cautelares para evitar un eventual riesgo de fuga. Se trata del último paso que dará Peinado en esta causa, y dejará atrás una instrucción que ha sido muy polémica. Será el equivalente a la apertura de juicio oral, a pesar de que la esposa del jefe del ejecutivo de PSOE y Sumar será juzgada por un tribunal popular. La Fiscalía no pide penas para ninguno de los acusados, pero la acusación popular de Hazte Oír pide que Gómez pase 24 años en prisión. Se la acusa de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida por el caso de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y el uso de su asesora en la Moncloa para sus negocios privados.
Será menos trámite —y se espera que más jugosa— la declaración que haga el miércoles a partir de las nueve de la mañana José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El expresidente del Gobierno estaba citado en un primer momento el 2 de junio, pero la defensa del referente de Sánchez pidió aplazar la declaración al ver que el sumario del caso es muy, muy y muy extenso. Resumidamente, la investigación lo sitúa como líder de una trama de tráfico de influencias y de otros delitos como el blanqueo de capitales. El juez considera que desde su oficina en la calle Ferraz de Madrid aprovechaba sus contactos de alto nivel con administraciones españolas y extranjeras (como Venezuela) para obtener decisiones favorables para sus clientes.
Para recibir los fondos ilícitos y darles apariencia de legalidad, el entramado creó una estructura societaria descrita por los propios investigados como una "boutique financiera". Se utilizaban empresas pantalla e instrumentales para emitir facturas falsas y firmar contratos de asesoramiento ficticios. Se calcula que Zapatero acabó embolsándose dos millones de euros.
Uno de los presuntos clientes de esta trama es la aerolínea Plus Ultra. La polémica —sobre todo porque entonces sitúa todas las miradas sobre el Gobierno— nace del rescate de esta empresa durante la crisis económica derivada de la crisis del coronavirus. El rescate fue de 53 millones de euros y fue concedido por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, con José Luis Ábalos como ministro de Fomento. Aparte, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española sitúa la casa de Zapatero como un núcleo de planificación y dirección de la supuesta trama, en la que se canalizaba y se custodiaba "la planificación estratégica de las instrucciones que comporten una mayor sensibilidad". El informe subraya el "liderazgo no visible" del exlíder del PSOE en la trama. Los investigadores creen que es "consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada".
El juez abre una pieza separada por el caso de las joyas
En un auto, el juez imputó a Zapatero y ordenó registrar su despacho, en la calle Ferraz de Madrid, justo enfrente de la sede central del PSOE. Los agentes de la UDEF encontraron una caja fuerte y, dentro, collares, pulseras, anillos y pendientes ornamentados con diamantes, rubíes y esmeraldas. El magistrado ordenó un informe pericial de las joyas, y ahora se ha confirmado que estas tienen un valor superior a los 1,3 millones de euros, una cifra muy por encima de los 50.000 euros que el entorno de Zapatero defendió en un primer momento.
Ante esto, el juez ha decidido ahora abrir una pieza separada e imputarlo también por contrabando y delito fiscal. El instructor indica que la posesión de bienes de lujo y la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición constituye "un indicio de la existencia de una defraudación tributaria relevante". Además, apunta que la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal alrededor del 46%. De esta manera, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros.
La sentencia del caso Ábalos, al caer
Paralelamente, y sin hacer el más mínimo ruido, el Tribunal Supremo finaliza la sentencia del caso mascarillas, la primera rama del caso Koldo que detonó en un caso de corrupción dentro del Gobierno. Dentro de la madrileña M-30 circula el rumor de que en cuestión de días José Luis Ábalos y Koldo García recibirán la noticia sobre qué determina el alto tribunal: si deben continuar encarcelados en Soto del Real algunos años o si su defensa les ha conseguido una absolución. La que se espera que tarde más pero también deberá aparecer en las próximas semanas o pocos meses es la de David Sánchez, hermano del presidente español.
Las cloacas del PSOE
Mientras tanto, hay una trama que no descansa. Pocos días después de la imputación de Zapatero, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE en Ferraz para obtener información sobre una presunta trama que pretendía desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al partido de Pedro Sánchez y al Gobierno. Esta estaría comandada por el sucesor de José Luis Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del partido, Santos Cerdán, y habría financiado ilegalmente con facturas falsas esta trama que ya ha sido bautizada como la de las cloacas del PSOE.
El brazo ejecutor sería Leire Díez, la conocida como fontanera de Cerdán y ya exmilitante del PSOE. En sus agendas dejó por escrito que mantuvo reuniones con un tal "P.S.". Pedro Sánchez ya se defiende encendiendo el ventilador y refiriéndose al M. Rajoy que aparecía en los papeles de Luis Bárcenas. En las libretas también aparecen encuentros con la Fiscalía General del Estado. Y el Ministerio Público ya lo ha confirmado. La mano derecha del ex fiscal general mantuvo reuniones con Leire Díez y con el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. El juez ya ha movido ficha y ha citado a este último a declarar como imputado el 25 de junio. Sánchez intenta dar un golpe de efecto intentando sacar adelante los presupuestos generales del Estado para 2027, pero la agenda judicial se le resiste.