Ha sido interesante ver cómo los dirigentes de los principales países de Europa recibían la iniciativa de Italia y Dinamarca de hacer frente común contra la "inmigración descontrolada". De hecho, los ha cogido a todos a contrapié que la primera ministra italiana, la ultraconservadora Giorgia Meloni, y la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen —dos personas ideológicamente en las antípodas—, se pusieran de acuerdo para combatir el gran problema que tiene planteado en estos momentos el Viejo Continente y que no es otro que el de la inmigración irregular que amenaza seriamente sus cimientos. Después de la crisis migratoria de Ceuta, en la que, para variar, España ha jugado un papel muy lamentable, la iniciativa los desborda a todos por la derecha y por la izquierda y los deja descolocados frente a uno de los retos más inquietantes de la historia reciente de Europa.
De hecho, la mayoría de los mandatarios europeos ha pasado de puntillas sobre la cuestión, cuando no la ha silenciado directamente. Es una propuesta valiente, sobre todo por lo que representa que dos líderes políticos de ideologías absolutamente contrapuestas se pongan de acuerdo en un objetivo supremo. Y esto es lo que muchos no entienden, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, erigido en uno de los principales valedores de todos los movimientos migratorios, vengan de donde vengan y sean como sean, que es justamente aquello a lo que quiere hacer frente la alianza entre Italia y Dinamarca. Una alianza insólita, según reconocen las propias protagonistas —"somos las únicas mujeres jefes de Estado y de gobierno en la Unión Europea (UE)" y "procedemos de posiciones políticas muy diferentes y, por supuesto, no coincidimos en todo"—, pero que no impide —y es precisamente eso lo que le da valor y fuerza— que coincidan en que "la inmigración irregular tiene efectos negativos en las sociedades europeas" y que relacionen esta "inmigración descontrolada" con "un aumento de los índices de criminalidad, una mayor presión sobre los servicios públicos y una erosión de la confianza pública".
La receta que proponen frente a esta realidad es una respuesta más contundente de los gobiernos europeos que pasaría por el endurecimiento del control de las fronteras, la expulsión de los ciudadanos extranjeros condenados por delitos graves y la creación de centros de repatriación y deportación a terceros países, entre otras medidas. Ambas sitúan la seguridad de Europa como prioridad y apelan a los valores europeos y a la herencia cultural cristiana del Viejo Continente como bienes a preservar, y es en este sentido que defienden que "las personas que quieran establecerse en Europa deben respetar las leyes y principios sociales de los países de acogida". Se trata de unas premisas muy claras, que cualquier ciudadano normal entiende, que priorizan la integración y la seguridad como ejes básicos de la política migratoria y con las que pretenden configurar una nueva mayoría dentro de la UE favorable a políticas de control más duras y de retorno más rápidas, pero que choca con quienes enarbolan la bandera del derecho de asilo y de los derechos humanos en general como único salvoconducto de los inmigrantes para establecerse donde mejor les plazca.
El caso es que el inesperado acuerdo de Italia y Dinamarca en materia de inmigración desmonta, por un lado, el relato según el cual el discurso de mano dura en este terreno es patrimonio exclusivo de la derecha y de la extrema derecha, en la medida en que un gobierno de centroizquierda comparte exactamente las mismas políticas restrictivas, y traslada, por el otro, el centro de gravedad del debate migratorio en Europa de cómo gestionar la llegada de nuevos migrantes a cómo limitarla y a cómo devolver a quienes no tienen derecho de residencia ni ningún tipo de papeles que les permita permanecer legalmente en el Viejo Continente. Con esta filosofía, conceptos como las deportaciones, las repatriaciones, la aceleración de las expulsiones, el incremento de los controles fronterizos o la creación de centros de retorno en terceros países dejan de ser tabú y esto abre una nueva perspectiva en el intento de poner freno a un problema, el migratorio, que amenaza las esencias, los fundamentos mismos, de Europa.
Pedro Sánchez se encuentra cada vez más aislado dentro de una UE que ha empezado a endurecer su política migratoria justamente en la línea de lo que han acordado Italia y Dinamarca
Todo ello llega después de la crisis migratoria de Ceuta, que ha provocado un conflicto diplomático entre España e Italia, que Pedro Sánchez, el PSOE y el resto de izquierdas hispanas que lo apoyan han querido presentar como una confrontación entre el modelo migratorio de la izquierda y el de la derecha, pero Dinamarca les ha aguado la fiesta, y de qué manera. A partir de aquí, el discurso del autoproclamado líder mundial del progresismo, capaz de hacer frente a todo un presidente de Estados Unidos como Donald Trump, ha quedado pulverizado y ahora tendrá que buscar otra excusa para intentar no perder comba. La consecuencia de una situación como esta es que Pedro Sánchez se encuentra cada vez más aislado dentro de una UE que ha empezado a endurecer su política migratoria justamente en la línea de lo que han acordado Italia y Dinamarca y que todo indica que continuará endureciéndola aún más en la misma dirección.
Mientras tanto, España ha perdido toda iniciativa en este terreno e incluso Marruecos, que es desde donde entraron los más de 70.000 inmigrantes irregulares en Ceuta el pasado 30 de julio, se la torea y la deja cada vez más en evidencia. Primero, con la exigencia de que le devuelva todos los menores no acompañados que hay, no solo en Ceuta, sino repartidos por toda la geografía del Estado español. Y la pregunta es por qué no lo hace, porque le resolvería los muchos quebraderos de cabeza internos que le provoca el hecho de quererlos tener esparcidos por todas las autonomías. ¿O es que quizá se piensa que se ha convertido en el guardián de los derechos de todo el mundo? Después, con el recordatorio de que Marruecos mantiene viva la reclamación territorial sobre Ceuta y Melilla para que tarde o temprano queden bajo su soberanía y se pueda recuperar así la integridad de la totalidad del territorio del norte de África. Y finalmente, con la amenaza de suspender el acuerdo de extradición entre ambos países.
Esto, en plena crisis migratoria, deja a España completamente indefensa ante la realidad de que Marruecos es el que tiene la capacidad de abrir y cerrar el grifo de la inmigración irregular —el pasado sábado se vio claramente—, no solo hacia España mismo, sino hacia Europa y hacia la UE, que es donde se encendieron todas las alarmas cuando se produjo la entrada masiva en Ceuta. De aquí arranca todo: la crisis diplomática con Italia —que a su vez también tiene problemas con Alemania—, el posicionamiento de Dinamarca, la reivindicación de Marruecos. Y como España mantiene intacto el espíritu imperial y colonial de épocas pasadas y no quiere ni oír hablar de entregar Ceuta y Melilla a Marruecos, que es lo que resolvería el conflicto de una vez por todas, el resultado es que queda atrapada en un laberinto del que es imposible que salga mientras Pedro Sánchez y su Gobierno no cambien de actitud. Atrapada entre Marruecos y Dinamarca.