Rectificación. La sala de justicia del Tribunal de Cuentas ha aceptado hoy que la Generalitat aporte a través del Institut Català de Finances (ICF) los 5,4 millones de euros que el tribunal exige a 34 excargos por la acción exterior del Govern del 2011 al 2017. El tribunal, con dos votos a favor y uno en contra, rectifica la decisión de la delegada instructora que no permitió este aval e hizo depositar el dinero a los cargos públicos y funcionarios. ERC aportó 2,1 millones para cubrir a los investigados del Govern del año 2016 y el 2017 (incluido el president Puigdemont), mientras que los 3,2 millones restantes se aportaron con inmuebles, como el del expresident Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs y Andreu Mas-Colell. En un comunicado, hoy al mediodía, el Tribunal de Cuentas indica que la consejera del departamento primero de enjuiciamiento será la encargada de redactar el auto en los términos acordados por la sala, los detalles del cual se darán a conocer en los próximos días. De este modo, el Tribunal de Cuentas cambia de opinión a raíz de los recursos presentados por el gobierno, a través del Departamento de Economía, y de los afectados.
La causa de Exteriors está ahora en fase de enjuiciamiento y será juzgada con los encausados del 1-O, a quienes se les reclamó 4,2 millones ya aportados, y que no se incluyen en los avales públicos ahora permitidos. En el caso del 1-O, el dinero se aportó con donaciones a través de la Caixa de Solidaritat. Ahora, antes del juicio, al partido republicano se le tendrá que devolver el dinero y el expresident Mas y los exconsellers quedarán liberados de los embargos provisionales que tenían sobre propiedades particulares. La aportación de los avales públicos es un triunfo, ya que las defensas sostienen que la negativa a admitirlos era ya considerarlos culpables. Ahora bien, si finalmente son declarados culpables, la Generalitat les exigirá este dinero y con intereses, según explicó el conseller de Economia, Jaume Giró, en la aprobación de este sistema.
Fiscalía, clave
La semana pasada, y acabada la instrucción del caso, Sociedad Civil Catalana (SCC) presentó la demanda en el Tribunal de Cuentas contra once ex altos cargos del Govern por despilfarro de fondos públicos en la preparación del 1-O y en la acción exterior de la Generalitat. La gran novedad del escrito de la entidad españolista es que reclama más de 5,3 millones de euros a los líderes políticos, pero no a los cargos y funcionarios (que sumaban 34 personas en la causa de Exteriors). Así, piden responsabilidades a los presidents Artur Mar y Carles Puigdemont, como también al entonces vicepresident Oriol Junqueras, y a algunos consellers. E incluso excluyen al exconseller de Economia Andreu Mas-Colell, que ha tenido que poner su patrimonio para cubrir los avales. Ahora, se espera el escrito de la Fiscalía y contra qué políticos y funcionarios presenta la demanda.
El juicio para el 1-O y la causa de Exteriors, que suman más de 9 millones, se hará conjuntamente. En los dos procesos, como en el 9-N, la Generalitat nunca se ha declarado damnificada por este gasto.