Narcís había enviado cartas a su familia en las que se mostraba muy ilusionado por su futuro. También les mencionaba que tenía ganas de ir a visitarlos en un permiso. Tenía veinte años y se encontraba en Ceuta haciendo la mili. El 1 de noviembre de 1980 el ejército comunicó a la familia que se habían encontrado al joven muerto con un abrecartas clavado en el corazón. Su entorno nunca se creyó la historia del suicidio y siempre han sospechado que fue asesinado. El suyo no es un caso aislado. La plataforma Trencant El Silenci, constituida por víctimas de este tipo, reclama al Estado que asuma su responsabilidad y cree una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para conocer toda la verdad de una de las páginas más oscuras y silenciadas de la historia reciente española: en pleno período democrático, centenares de jóvenes se suicidaron, fueron abusados, vejados o incluso asesinados durante el servicio militar obligatorio. La iniciativa, sin embargo, no sale adelante porque el PSOE pone trabas.
El pasado mes de febrero, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, comuns y la CUP instaron al Síndic de Greuges a través del Parlament a actuar de oficio ante estos casos que afectaron a centenares de hombres durante la mili. Días más tarde, Junts, ERC, Sumar, PNV, Bildu, Podemos, Compromís y BNG registraron una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que el Defensor del Pueblo actúe de oficio sobre estos casos, y también pedían la creación de una comisión de investigación en esta institución. A continuación, Francesc Robelló —hermano de Narcís— presentó un escrito ante la Mesa de la cámara baja para que “no bloquee” la creación de una comisión para investigar los maltratos y las muertes que hubo durante el servicio militar obligatorio.
Pero el PSOE, en una reunión de la junta de portavoces de la cámara baja, vetó que el Pleno votara la creación de esta comisión de investigación. Sumó sus votos a los de PP y Vox. Y la semana siguiente, con la misma petición, volvió a votar lo mismo. Este pasado lunes, en la comisión de Defensa del Congreso, los grupos tuvieron que pronunciarse sobre la proposición no de ley de este tema.
Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, Sumar y el BNG presentaron una iniciativa que en su primer punto instaba al Defensor del Pueblo a iniciar actuaciones de oficio por los casos documentados de vejaciones, maltratos, acosos y muertes ocurridos durante el servicio militar obligatorio. El resto de puntos pedían abrir una investigación exhaustiva e independiente a escala estatal e incluir la recopilación sistemática de datos sobre suicidios, muertes en circunstancias no aclaradas y denuncias de abusos, el análisis de posibles responsabilidades institucionales, políticas y militares, y la evaluación de los mecanismos de control existentes en el período afectado y de sus carencias. Además, reclamaba al Estado español un reconocimiento público de las víctimas, establecer mecanismos de reparación moral, simbólica y económica, y garantizar el acceso a asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico para las personas afectadas y sus familiares, así como establecer recomendaciones a fin de evitar que estos hechos se repitan.
El PSOE, para sacudirse sus responsabilidades y dejarlo todo en manos de una institución independiente como el Defensor del Pueblo, advirtió que solo veía con buenos ojos el primero de todos los puntos. Reclamó votar los puntos por separado y, ante la negativa de los grupos proponentes de la iniciativa, se abstuvo en el global y el texto decayó. El diputado de Junts per Catalunya Josep Pagès lamentó que los socialistas hayan sido “habituales colaboradores, en algunos casos con entusiasmo, del encubrimiento del franquismo enquistado en las instituciones españolas”. “¿De verdad que ustedes pretenden impulsar un ejército europeo cuando no pueden impulsar una comisión de investigación sobre estos muertos?”, se preguntó el diputado independentista.
"Ahora no toca"
La excusa del PSOE es que “ahora no toca”. Así se expresan fuentes de la dirección del grupo parlamentario consultadas por este periódico, que no dan ningún argumento para rechazar esta investigación más allá de defender que ahora no es el momento. Hace unos días, el portavoz de los socialistas en esta cámara, Patxi López, afirmaba que “en un momento en el que asistimos a tantas guerras, no estamos para crear comisiones de este tipo”. “Tenemos no sé cuántas comisiones de investigación en marcha que muchas de ellas no sirven para la finalidad para la cual se crean”, sentenciaba.
El lunes, el diputado de Esquerra Republicana Francesc-Marc Álvaro fue el encargado de defender la iniciativa en nombre de todos los grupos proponentes. Arrancó explicando una historia escalofriante. “La conozco de cerca, era un chico de veintitrés años que se llamaba Juan Murcia Soriano y era de mi ciudad, Vilanova i la Geltrú; hacía el servicio militar como cabo de teletipos en 1987; licenciado en filología hispánica, tenía toda la vida por delante; y el 21 de junio de aquel año se quitó la vida en extrañas circunstancias en el Hospital Mediterráneo de Cartagena; la familia recibió escasas explicaciones”, relató.
Un suicidio que rompió una familia
Francesc Robelló, de la plataforma Trencant El Silenci, destaca en conversación con ElNacional.cat que en democracia perdieron la vida haciendo el servicio militar obligatorio hasta 1.900 jóvenes. El PSOE, en plena tensión geopolítica, no quiere entrar en conflicto interno con los militares. Destaca, hablando con este periódico, que su reclamo no va en contra del actual ejército. Quieren averiguar unos hechos que ocurrieron hace más de 40 años y que ya han prescrito. Solo quieren saber la verdad y dignificar a sus familiares, insiste. Se le corta la voz cuando recuerda cómo lo vivió. Él solo tenía 16 años; su hermano, que tenía 20, era un referente. Y lo perdió. La infancia de sus hermanas, aún más pequeñas, quedó “rota”, asevera. El impacto fue tan fuerte que su padre cayó en una depresión y murió al cabo de solo tres meses.
“Con PP y Vox ya no contábamos con ellos, pero nos sorprende que el PSOE se autodenomine un partido progresista y ahora vote sistemáticamente en contra de esto”, lamenta Robelló. “Parece un contrasentido, pero las víctimas del franquismo están más amparadas que las de democracia; es porque el PSOE gobernó muchos años durante los 80 y 90 y saben que no controlaban el ejército y que les dejaban actuar con impunidad", sentencia.