La defensa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha alegado ante el Tribunal Supremo que el caso de Andrés Betancor demuestra la "infección" de la Junta Electoral Central. Torra ha presentado un escrito después de que la fiscalía y la acusación popular pidieran al Supremo que no admita a trámite el recurso del presidente contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que lo inhabilita durante 18 meses. Los abogados de Torra también vuelven a pedir al Supremo que presente cuestiones prejudiciales a la justicia europea sobre la imparcialidad de los jueces que participaron en el procedimiento contra el presidente.

"No se trata de una contaminación de la JEC, sino de una auténtica infección". Eso es lo que sostiene la defensa del presidente después de que haya trascendido que Cs pagaba mensualmente como asesor un vocal de la Junta que había propuesto. "Este nuevo dato es gravísimo, dado que pone al descubierto una estrategia política tendente a neutralizar políticamente a Torra. Supone el colofón de lo que veníamos alegando desde el inicio del presente procedimiento", añade el escrito.

La defensa del presidente lamenta que el juez instructor pasara por alto las advertencias sobre Betancor y también sobre otro vocal, propuesto por el PP, y que también se había pronunciado en las redes sociales en contra del procés. "La desvergüenza del señor Betancor no tiene límites ni parangón, y tendría que haber sido valorada por el órgano de instrucción y, también por el de enjuiciamiento, cosa que no se hizo", continúa.

El texto de Torra también vuelve a pedir que se planteen cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para garantizar el derecho a un juez imparcial reconocido en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En concreto, son cinco cuestiones, que hacen referencia en gran medida a los magistrados que juzgaron a Torra. Una de ellas hace referencia a la designación parlamentaria a propuesta del PSC del instructor Carlos Ramos. Una segunda pregunta si es correcto que el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, juzgara al presidente cuando ya se había pronunciado públicamente sobre la exhibición de los lazos amarillos. Una tercera cuestión se refiere a unas declaraciones de otro magistrado que manifiesta sentirse "incómodo" con el Govern.

El escrito de la defensa del presidente insiste en que la JEC no era competente para dirigir ningún requerimiento a Torra, y lamenta que fiscalía "confunda la competencia para resolver consultas con la de requerir actuaciones de carácter obligatorio". También rechaza que sea una autoridad por encima del presidente de la Generalitat, y remarca que la orden de retirada de los lazos amarillos y de la pancarta de apoyo a los presos independentistas es "ilegal porque vulnera derechos fundamentales del recurrente y de terceros".

El escrito insiste en pedir una vista oral para resolver el recurso presentado por Torra contra su inhabilitación.