El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará, finalmente, sentencia sobre la ley de amnistía el próximo 16 de julio, en poco más de un mes. Así, el tribunal resolverá las cuestiones prejudiciales que presentaron el Tribunal de Cuentas, en la causa por los gastos vinculados al referéndum, y la Audiencia Nacional, por la operación Judas contra los CDR. Los dos tribunales presentaron estas cuestiones después de la aprobación de la ley, hace más de dos años, en el Congreso de los Diputados. El TJUE recuerda que las visitas se celebraron el 15 de julio de 2025, justo un año antes de que se dicte sentencia sobre este asunto, y que las cuestiones prejudiciales han sido examinadas por la Gran Sala del TJUE, compuesta por quince jueces.
Decenas de líderes y activistas independentistas están pendientes de Luxemburgo para beneficiarse de la amnistía, aunque también dependen del Tribunal Constitucional, empezando por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
Las conclusiones del abogado general
El tribunal también recuerda que las conclusiones del abogado general, Dean Spielmann, se leyeron en noviembre de 2025, que avaló la ley, asegurando que la amnistía es “competencia exclusiva” de los Estados miembros, y que en el caso de la norma del procés respeta el derecho de la Unión y no se han afectado fondos de la UE con el 1-O. Es decir, descarta la malversación, delito por el que el Supremo no quiere aplicar la amnistía a Puigdemont y su Govern, entre ellos su vicepresidente Oriol Junqueras. El abogado del TJUE aseguró que la directiva europea no contiene ninguna disposición que prohíba expresamente el uso de mecanismos de extinción de la responsabilidad penal, como la amnistía, replicando al abogado de la Comisión Europea que “no es una autoamnistía”.
En cuanto al caso de los CDR en la Audiencia Nacional, Spielmann sostuvo en su dictamen que la ley de amnistía es compatible con la directiva europea de lucha contra el terrorismo porque se aplica a hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza. Además, establece una “exclusión explícita” de los actos que hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, particularmente del derecho a la vida y a la integridad física.
El balance de la amnistía
La ley de amnistía entró en vigor el 11 de junio de 2024, dos días después de la celebración de las elecciones europeas, fecha con la que se empezó a aplicar por parte de los jueces. En estos dos años, un total de 403 personas (sumando activistas, políticos y policías) han sido amnistiadas, casi un centenar más que el primer año. En cambio, se han denegado 104 y hay 157 pendientes de resolver, según el recuento de Alerta Solidària.
De los 1.225 manifestantes y activistas que tenían causas penales relacionadas con la independencia de Catalunya, en 880 casos la imputación quedó desactivada por el archivo (634) o la absolución (166) y el resto no instó a la amnistía. Así, de los 345 activistas con causas abiertas, en 181 casos se ha aprobado la amnistía, en 75 ha sido denegada, 25 casos están pendientes de resolver, y 64 en instrucción y pendientes. En cuanto a los políticos, se indica que el olvido penal se ha aplicado a 64 casos, se ha denegado a 25, y hay 68 pendientes, buena parte de la respuesta del TJUE que llegará el 16 de julio.