'Lo volveremos a hacer' es estos días la proclama estrella del independentismo para combatir la sentencia del Supremo. Ahora bien, la connotación no es la misma expresada por la sociedad civil que por los miembros del Govern y del Parlament. La reacción de la ciudadanía ha sido inmediata, con la activación de un pulso sostenido de movilizaciones que durará días. Más allá de declaraciones públicas contundentes, la respuesta institucional está siendo extremadamente contenida con respecto a las acciones concretas. La amenaza constante de un 155 y las nuevas advertencias del TC -personalizadas- representan un corsé y vuelven a ser el enésimo motivo de controversia entre los partidos independentistas.

Tras semanas de conversaciones y discusiones, en Palau se impone el criterio no poner en riesgo el autogobierno y evitar como sea una intervención de la Generalitat como la que hace dos años sacudió las instituciones catalanas. La premisa es que se deben medir y calcular los pasos para no dar argumentos para uno nuevo 155.

En estas condiciones se llega al pleno de este jueves, que inicialmente se había proyectado como el momento en que las fuerzas independentistas y los comunes coordinarían una respuesta a la sentencia lo más amplia posible. Una respuesta que reafirmara el derecho a la autodeterminación y que se pretendía sellar en una votación solemne que contara con el apoyo del 56% del Parlament: los 68 diputados de Junts per Catalunya, ERC y la CUP y los 8 de Catalunya en Común. Según explican fuentes conocedoras de las negociaciones a ElNacional.cat, "existe una clara consciencia de que es necesario un acuerdo", pero "no será este jueves porque no da tiempo". Otros implicados aseguran ser "optimistas".

Finalmente, sin embargo, se ha optado por un formato más descafeinado, en contra de lo que pedía la CUP y también algunos miembros de JxCat próximos al president partidarios de adentrarse en el camino de la desobediencia. En lugar de un pleno específico para reaccionar a la sentencia, el Govern ha acabado decantándose por una comparecencia de Quim Torra. El cambio no es menor porque, reglamento en mano, implica que la sesión será únicamente declarativa y que no se podrán incluir votaciones de textos con efectos jurídicos.

Valga una apreciación. La DUI de octubre de 2017 sólo se leyó y tampoco se votó. Y aun así las condenas para los protagonistas y responsables de aquella acción van de los 9 a los 13 años de prisión.

En cualquier caso, varias fuentes apuntan a este diario que se está trabajando para poder consensuar un documento conjunto que podría votarse en el pleno ordinario que ya está convocado para la próxima semana. Incluso hay quien no descarta alguna sorpresa de última hora durante el pleno de este jueves. 

Los equilibrios

La situación es envenenada, como se ha evidenciado con el conflicto entre los CDR y el propio Govern de la Generalitat por la actuación contundente de los Mossos d'Esquadra. Durante su comparecencia, el conseller Miquel Buch ha señalado que "no estamos dando ningún motivo para que se aplique la ley de Seguridad Nacional". La declaración ejemplariza cómo de estrecho es el margen que los poderes del Estado están dejando a las instituciones catalanas.

Este mismo miércoles, la víspera del pleno, el Tribunal Constitucional ha vuelto a suspender los apartados que hacían referencia a la autodeterminación y a la desobediencia institucional. Pero no sólo eso, además advierte directamente el president de la Generalitat, el vicepresident, los consellers, el presidente del Parlament y el resto de miembros de la Mesa de las posibles consecuencias penales derivadas del incumplimiento de esta suspensión. Se les comunica que tienen la obligación de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión acordada. Por ejemplo, volver a votar una resolución reafirmando la autodeterminación. La decisión del TC les será comunicada personalmente. Eso significa que coincidiendo con el pleno, podría presentarse en Parlament el secretario judicial del TSJC con las notificaciones.

Hasta la fecha, las decisiones que ha adoptado el Govern para reaccionar a las condenas del Supremo contra los líderes independentistes han sido suspender la agenda de president y consellers, mandar cartas denunciando la situación a todos los presidentes y primeros ministros europeos y al G-20, una gira del conseller de Exteriores y la solicitud de una reunión urgente a Pedro Sánchez y al rey Felipe VI.