Continúa la investigación parlamentaria sobre los efectos que tuvo la aplicación del artículo 155 en la administración catalana. Yolanda Hernández, presidenta de la asociación Servidors Públics de Catalunya, ha comparecido este martes en el Parlament, donde ha asegurado que algunas de las acciones que se hicieron durante la suspensión de la autonomía catalana parecían tener la intención de "estropear" las instituciones "durante muchos años". También ha alertado de que ha habido "daños intangibles" que son difíciles de "cuantificar" y "revertir", especialmente entre los trabajadores públicos de la Generalitat.
En este sentido, Hernández ha explicado que algunas de las acciones que se hicieron en aquel periodo "daban la sensación" que quería "estropear" y que se intentaba "disminuir la acción de gobierno", parando cualquier acción con el argumento que "tenía cariz secesionista o que pretendíamos rebelarnos cada día". "Si no querían intervenir o estropear lo que se había hecho, tenían que dejar que la administración siguiera funcionando", ha defendido.
La presidenta de la asociación ha comparecido en la cámara catalana para presentar el informe de daños que causó el 155, entre los que hay los encarcelamientos, el exilio y el ceses, además del cierre de organismos como el Diplocat. Ahora bien, Hernández también ha alertado en su comparecencia de los de daños "intangibles". En este punto, ha advertido que "el miedo del personal fue muy importante" y ha lamentado que eso "son daños muy complicados de revertir". Así como también la sensación que le quedó al ciudadano.
En la sesión de la comisión de investigación que ha tenido lugar este martes, también ha comparecido Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector, que ha alertado de que en su ámbito las consecuencias del 155 todavía se están "pagando". A la sesión no han asistido ni Cs, ni PSC ni PP, que decidieron no participar de esta comisión.