El Gobierno envía una advertencia a Bélgica: su justicia debe entregar a Carles Puigdemont a la justicia española. Este es el mensaje que ha querido trasladar la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, el mismo día que se celebra la vista a Bruselas por la nueva euroorden contra el president en el exilio. La dirigente socialista ha avisado de que, si no es así, eso tendrá afectaciones sobre las relaciones bilaterales. "No se entendería", ha insistido en una entrevista este martes en Onda Cero. A juicio de La Moncloa, la sentencia del procés debería allanar el camino.

Tras el fracaso de la primera euroorden, que el juez instructor Pablo Llarena se vio obligado a retirar porque eran rechazadas, Carmen Calvo ha asegurado que "en esta ocasión es más difícil" y que las autoridades belgas deberían actuar como le pide la justicia española. Si bien ha afirmado que no quiere meterse en las decisiones judiciales, también ha asegurado que "desde el ejecutivo no entenderemos que Bélgica no entregue a los que han huido de la justicia".

En este sentido, la vicepresidenta en funciones ha advertido Bruselas que, si no es así, "interpretaremos que no es respetable que a una democracia plenísima como la española, después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, se le niegue la entrega de huidos de la justicia". Y, "llegado este momento, tomaremos nuestras decisiones". ¿Qué medidas? "Entre Estados se colabora, y se puede hacer con más intensidad o menos", ha respondido, sin entrar en más detalles sobre su amenaza.

Vista en Bruselas

La fiscalía belga pedirá este martes al tribunal de primera instancia de Bruselas que ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) para que el president de la Generalitat Carles Puigdemont sea entregado a España por sedición y malversación, los dos delitos por los cuales le reclama la justicia española, según han informado en Europa Press fuentes de su defensa.

En 2017, cuando la Audiencia Nacional solicitó por primera vez a Bélgica la entrega de Puigdemont, el ministerio público belga abogó para cumplir la extradición por todos los delitos que se le imputaban en España ―incluyendo los de rebelión y sedición― excepto el de prevaricación. Entonces, la fiscalía de Bruselas entendió que encajaban en el ordenamiento jurídico belga en las descripciones penales de "coalición de funcionarios" y "malversación por parte de funcionarios".

Interlocutor Aragonès

Por otra parte, la vicepresidenta española en funciones ha vuelto a cerrar la puerta a una llamada o reunión entre Pedro Sánchez y el president Quim Torra. "Sánchez es quien simboliza todo el poder ejecutivo, y mientras el señor Torra no entienda que esta debería ser su función para todos los catalanes hay pocas cosas a hablar", ha señalado. Sobre sus conversaciones con el vicepresident Pere Aragonès, ha explicado que "muchas veces le advierto y le digo: vicepresidente, por aquí no lo veo", un toque de atención "lógico" que considera que "debe hacer".

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