La fiscalía belga pedirá este martes al tribunal de primera instancia de Bruselas que ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) para que el president de la Generalitat Carles Puigdemont sea entregado a España por sedición y malversación, los dos delitos por los cuales le reclama la justicia española, según han informado en Europa Press fuentes de su defensa.

"Piden la extradición por los dos delitos", ha informado a Europa Press Paul Bekaert, el abogado belga del político independentista, indicando así que la fiscalía de Bruselas defiende la posición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, aunque no aclare cuál sería la equivalencia de delitos en el sistema belga. Fuentes de la defensa del president han señalado a ElNacional.cat que "el fiscal ha dicho lo mismo que en 2017 y 2018; y dice, por el momento, 'acceder' pero no és más que un trámite".

Las partes, que ya han tenido acceso a las primeras alegaciones escritas, han sido citadas este martes a partir de las 9.00 horas para la vista sobre la reactivación de la euroorden, en una audiencia a puerta cerrada en la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) de Bruselas.

Los abogados de Puigdemont prevén solicitar un aplazamiento de la vista para contar "con más tiempo para preparar" la defensa del president catalán, con el argumento que a duras penas han tenido 24 horas para estudiar el dosier y aludiendo a la complejidad del caso.

Por eso, según Bekaert, el juez no tomará ninguna decisión sobre el fondo del asunto, sino que fije una nueva fecha, "probablemente a primeros de diciembre", para continuar la vista y que las partes puedan presentar sus alegatos.

Puigdemont se encuentra en libertad sin fianza, pero sujeto a condiciones como tener una residencia fija en Bélgica y no salir del país si no es con autorización del juez, a la espera de que se resuelva el caso. Así lo dispuso el juez de instrucción ante el cual Puigdemont tuvo que prestar declaración el pasado viernes, después de la reactivación de la euroorden de Llarena hace una semana.

El político independentista se entregó a la policía federal belga y quedó bajo arresto hasta que el juez interrogó y dictó las medidas cautelares al día siguiente. Para evitar la extradición, la defensa Puigdemont esgrimió que tenía inmunidad como eurodiputado, pero, después de consultar con el Parlamento Europeo, el juez instructor concluyó que no disfrutaba de tal protección.

En 2017, cuando la Audiencia Nacional solicitó por primera vez en Bélgica la entrega de Puigdemont, el ministerio público belga abogó para cumplir la extradición por todos los delitos que se le imputaban en España ―incluyendo los de rebelión y sedición― excepto el de prevaricación. Entonces, la fiscalía de Bruselas entendió que encajaban en el ordenamiento jurídico belga en las descripciones penales de "coalición de funcionarios" y "malversación por parte de funcionarios".

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