El Senado, actualmente en manos del PP por la mayoría absoluta que tiene en esta cámara, ha abierto un nuevo choque institucional con el Gobierno. Ha elevado al Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el ejecutivo de Pedro Sánchez por no cumplir con la obligación que recoge la Carta Magna de presentar la ley de presupuestos generales del Estado del 2026 ante las Cortes Generales. Así, la cámara alta pide al tribunal de garantías que se anulen las diversas prórrogas presupuestarias.
Los populares, que tienen mayoría absoluta en esta cámara, aprobaron hace un par de meses en un Pleno este conflicto de atribuciones con el Gobierno, con el objetivo de conseguir que el Ministerio de Hacienda presente cuanto antes las próximas cuentas. El departamento liderado por María Jesús Montero —y el propio Sánchez— insisten en que sí presentarán estos presupuestos, pero los meses pasan y todo está en el aire, sobre todo ahora que Junts per Catalunya ha roto sus relaciones con el PSOE. Los presupuestos que están en vigor actualmente son los de 2023. Sánchez renunció a presentar los de 2024 cuando se convocaron elecciones anticipadas en Catalunya, consciente de que la campaña electoral y las negociaciones para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat impedirían la negociación de unos nuevos presupuestos. Y con los de 2025 directamente tiró la toalla ante una debilidad parlamentaria creciente.
En el texto del conflicto de atribuciones, el PP cree que el Senado no puede “admitir ni tolerar el incumplimiento" de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, "que tiene un deber constitucional de presupuestar". Del mismo modo, los populares advierten que no pueden "admitir" la "práctica fraudulenta" de modificación presupuestaria "al margen del Parlamento" a consecuencia de la falta de presupuestos, porque consideran que es "contraria al principio de legalidad presupuestaria".
"La situación actual, que se reproducirá en 2026, de mantener prorrogados unos presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año", expone el PP. En este sentido, cree que actualmente "no existe justificación posible" para no presentar los presupuestos, "excepto la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con suficiente peso para asegurarse la aprobación de estos".
Feijóo aboga por hacer obligatoria la presentación de los presupuestos generales
De hecho, una de las últimas propuestas que ha hecho Alberto Núñez Feijóo en los últimos meses, ante la imposibilidad de Sánchez de negociar y aprobar presupuestos con sus socios de investidura, es que las Cortes se disuelvan y se tengan que convocar elecciones cuando haya una prórroga reiterada de cuentas anteriores.