El hecho de que la fiscalía de Milán abriera la semana pasada una investigación para localizar a los italianos que participaron en los llamados ‘safaris de guerra’ en Sarajevo, entre 1992 y 1996, ha puesto negro sobre blanco lo que durante décadas había sido para los bosnios una sospecha tan macabra como inverosímil. Estos cazadores italianos viajaban al Sarajevo asediado para disparar contra civiles después de pagar grandes sumas de dinero: entre 80.000 y 100.000 euros actuales, y el precio subía si se disparaba a niños. Ahora, las víctimas del conflicto que han presentado la denuncia sobre los hechos en Italia afirman que entre los cazadores también había españoles. Por ello, el eurodiputado de los Comunes Jaume Asens ha presentado este miércoles una denuncia a la Fiscalía española para que investigue si hay súbditos de este país implicados en estos 'safaris'.

La denuncia presentada por Asens sostiene que estos hechos constituyen, de forma indiciaria, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, dado que son ataques deliberados contra población civil protegida por el Derecho Internacional Humanitario. Son delitos imprescriptibles según el derecho internacional, subrayan los Comuns. El asedio de Sarajevo ha sido reconocido por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) como un contexto de genocidio, exterminio y terror contra la población civil. Fue el asedio más largo en la historia militar contemporánea y el primer gran episodio de la guerra de Bosnia, y hasta la matanza de Srebrenica, su capítulo más sangriento. En particular, la sentencia Galić documentó el uso sistemático de francotiradores, acompañados de milicianos serbobosnios fieles a Radovan Karadzic, para disparar contra civiles que cruzaban la calle, recogían agua o buscaban alimentos en Sarajevo, que por infraestructura y capacidad de acoger medios internacionales y se convirtió en uno de los símbolos del conflicto.

Así pues, a juicio de los Comunes, los llamados safaris humanos "se insertan directamente en este patrón criminal", con "agravante" de la participación de extranjeros que "pagaban por matar". La denuncia subraya que España tiene "la obligación jurídica" de investigar si ciudadanos españoles participaron en estos crímenes; cooperar con la Fiscalía de Milán, que ya ha abierto diligencias por homicidio múltiple agravado; solicitar información a Italia y Bosnia y Herzegovina mediante comisión rogatoria, e identificar posibles sospechosos presentes en territorio español y ponerlos a disposición judicial. Asens ha solicitado, además, que, por la naturaleza de los hechos, se valore la competencia de la Audiencia Nacional. "Pagar por matar civiles durante un genocidio no es solo una monstruosidad moral, es un crimen internacional imprescriptible", ha afirmado el eurodiputado de los Comunes. "Si hubo ciudadanos españoles implicados en estos safaris humanos, el Estado tiene la obligación legal y ética de investigarlo. La impunidad sería una ofensa a las víctimas de Sarajevo y al derecho internacional", ha subrayado