Los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí alegan en la causa en el Tribunal General de la Unión Europea para reclamar su inmunidad que el Tribunal Supremo no era "competente" para pedir el suplicatorio en el Parlamento Europeo.

Según el resumen del caso publicado por el TGUE, los tres se quejan de que la Eurocámara no respetó su derecho a un tribunal establecido por la ley cuando aceptó la petición del Supremo para levantar su inmunidad. La defensa de Junts ya se había quejado de esto desde el inicio del suplicatorio, así como de "irregularidades" durante el procedimiento, que ahora se incluyen en la demanda contra la cámara para levantar la protección a los independentistas que tienen una euroorden pendiente por la causa del 1-O.

Así, los eurodiputados de Junts acusan al Parlamento Europeo de no haber gestionado de forma "imparcial" su caso, "de apartarse de los criterios" aplicados anteriormente en procedimientos similares y de "vulnerar su derecho a ser escuchados" y a "acceder a documentación". Además, los independentistas alegan de lo que "se motivó de manera suficiente y adecuada" ni la aceptación del suplicatorio ni "varias decisiones" durante la fase al Comité de Asuntos Legales presidido por el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez.

Por último, denuncian "falta de claridad" sobre "el alcance de la suspensión de la inmunidad". Es decir, qué implica realmente perder esta protección parlamentaria. En este sentido, la defensa de Junts añade que la práctica habitual del Parlamento Europeo es "no suspender la inmunidad de los eurodiputados a efectos de su detención si no hay una condena", como es el caso de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

Mantienen la inmunidad

Los tres mantienen ahora mismo la inmunidad gracias a unas medidas cautelarísimas que decretó el TGUE en junio a la espera de analizar las observaciones de la cámara. Sus servicios jurídicos ya han dado este paso y piden que se les retire otra vez mientras se juzga el caso en Luxemburgo, que podría tardar más de un año al resolver la disputa.

Precisamente, esta inmunidad provisional es la que el mismo Puigdemont ha alegado ante el Tribunal de Cuentas, que le exige una fianza de 2.085.507,80 euros. En un escrito de once folios pidió que se anulara la fianza requerida al considerar que el líder independentista "tiene reconocida la inmunidad como europarlamentario" que "llega a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas". En este sentido, reprochó la actuación del órgano fiscalizador y aseguró que la afirmación hecha por la delegada instructora durante el acto de liquidación, sobre que esta inmunidad se extiende únicamente a los procesos penales, es "contraria a derecho".

 

Imagen principal: el president en el exilio y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont / Foto: ACN