Fumata blanca. Junts, ERC y PSOE han hecho público este miércoles un acuerdo para introducir modificaciones en la ley de amnistía. Así lo han anunciado las tres formaciones en un comunicado conjunto menos de 24 horas antes de la reunión de la Comisión de Justicia que tiene que debatir y votar el nuevo redactado de la norma. Sin embargo, independentistas y socialistas no detallan el sentido de los cambios ni aclaran si afectan a las exclusiones de los delitos de terrorismo y traición. Para conocer el detalle, habrá que esperar. Ya lo advertía esta tarde el presidente del gobierno español: Pedro Sánchez hablaba de un acuerdo definitivo con Junts en cuestión de “minutos u horas”. Y así ha sido. Los republicanos se sumaron a la ecuación, y los tres llegarán este jueves al Congreso de los Diputados con un redactado alternativo bajo el brazo.
Las tres formaciones aseguran que han llegado a un acuerdo “mediante una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas”. PSOE, ERC y Junts también afirman que han sellado un acuerdo fruto del “trabajo conjunto” que tiene en cuenta “las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia”. Se trata, sostienen en este comunicado, de una norma que protege a “todas las personas vinculadas al procés independentista” y que es “plenamente conforme a la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales”.
La enmienda transaccional se debatirá y votará en la Comisión de Justicia, que empezará a las once de la mañana en el Congreso de los Diputados. Se tendrá que validar con la mayoría que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez (PSOE, Sumar, ERC, Junts, el PNV, Bildu y Podemos), que también tendrá que dar luz verde al dictamen. Previsiblemente, el texto de la ley recibirá el sello de la Cámara Baja el jueves 14 de marzo en un pleno extraordinario. A partir de aquí, la amnistía empezará el tempestuoso camino en el Senado, donde el PP la retendrá dos meses y la vetará o la vaciará de contenido. Finalmente, de vuelta a la Carrera de San Jerónimo, se recuperará el redactado pactado entre el independentismo y el Gobierno, que será el que entre en vigor. Los cálculos sitúan este paso final a finales de mayo.
La ley de amnistía estaba en el congelador desde finales de enero, cuando Junts rechazó validar el redactado de la ley arguyendo que tenía “agujeros por los que la justicia prevaricadora española” podía dejarla “en papel mojado”. Míriam Nogueras argumentó que “parar la represión a medias no es pararla” y esgrimió que el texto suponía “una amnistía selectiva y en diferido”. El voto en contra de la formación de Carles Puigdemont, que insistía que la forma de fortalecer la ley era a través de sus enmiendas, no mató la amnistía, sino que la envió de nuevo a la Comisión de Justicia y, de este modo, dio más tiempo a juntaires y socialistas para negociar y salvar las diferencias (al principio tuvieron quince días, que se acabaron convirtiendo en un mes entero).
La amnistía, un acuerdo independiente de los presupuestos
Se trata, al fin y al cabo, de un acuerdo que no va en paralelo a los presupuestos generales del Estado. Así lo ha aseverado el Gobierno en los últimos días. Incluso el mismo presidente, Pedro Sánchez, lo advertía este miércoles en una conversación informal con los periodistas. Haber llegado a este pacto con Junts no implica haber encajado ya las manos con los independentistas con respecto a las futuras cuentas públicas. Solo había correlación entre las dos cosas en caso de desacuerdo.
Es decir, el ejecutivo de Sánchez tenía claro que era imprescindible llegar a un acuerdo con Junts en la amnistía si pretendían tener aprobados los presupuestos. Porque tenían asumido que la formación de Carles Puigdemont obstruiría las cuentas si al final la norma que tiene que reparar la persecución judicial a independentistas no recibía luz verde. Si nada se tuerce, el PSOE ya se puede sacar de encima una importante losa (la amnistía) y sumergirse ahora en las negociaciones sobre los presupuestos.
Un pacto que se dejaba entrever desde el lunes
El pacto entre independentistas y socialistas llega después de las voces que se han ido encadenando los últimos días y las últimas horas que hacían avistar luz al final del túnel. Desde el Brasil, esta tarde Pedro Sánchez daba por hecha una enmienda transaccional que se daría a conocer en “pocos minutos u horas” y mostraba confianza en alcanzar “un acuerdo parlamentario con las diversas fuerzas parlamentarias para sacar adelante una ley trascendente”. Las palabras del presidente español iban en la línea de lo que expresaban ayer desde la Moncloa: mantenían la puerta abierta a más modificaciones, aunque no concretaban si se aceptarían modificaciones a los delitos de terrorismo y de traición. Delante de las cámaras, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts, Félix Bolaños, afirmaba este miércoles por la mañana que se estaba “en la recta final” para llegar a un acuerdo con Junts y el martes, por los pasillos del Senado, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, había reconocido que el pacto estaba “cerca”. Desde Ferraz, la portavoz del PSOE, Esther Peña, había alejado cualquier posibilidad de eliminar las exclusiones del terrorismo y la traición.
En las filas independentistas, Junts per Catalunya ha mantenido un silencio sepulcral los últimos días y no ha dado ninguna pista sobre la evolución y el sentido de las negociaciones. Por su parte, ERC mostraba este mediodía su “optimismo” que las negociaciones “a tres bandas” llegaran a buen puerto. Teresa Jordà celebraba que el PSOE se hubiera abierto “a poder mejorarla y ampliarla” atendiendo las enmiendas vivas de las formaciones independentistas.