El Partido Popular ha utilizado la mayoría absoluta que ostenta en el Senado para aprobar definitivamente —con 147 votos a favor y 116 en contra— la reforma del reglamento y a partir de ahora la Mesa tendrá la potestad de decidir si una iniciativa legislativa que viene del Congreso se tramita por el trámite de urgencia o no. De esta manera, los populares podrán retrasar hasta dos meses la tramitación en el Senado de la ley de amnistía y no veinte días, tal y como estaba previsto hasta ahora. Los conservadores han rechazado todas las enmiendas de las fuerzas de izquierdas e independentistas y han sacado adelante una autoenmienda a partir de la cual también se obligará al presidente del gobierno y a los ministros a comparecer cuando lo soliciten los grupos parlamentarios.

Con este movimiento, los populares amplían el margen para llevar la amnistía a los catedráticos y juristas a las comisiones del Senado con el objetivo de que avalen el rechazo a la norma, así como pedir un informe al Consejo General del Poder Judicial.

Con la reforma, los conservadores insisten en convertir en el Senado en un muro para torpedear al máximo toda la actividad legislativa del Congreso, donde se instalará una mayoría de 178 diputados con la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, la semana pasada aceleraron al máximo la tramitación de la reforma del Reglamento, tomándola en consideración el miércoles pasado con el objetivo que este lunes aterrizara en la Comisión de Reglamento y este martes se ha aprobado definitivamente en el pleno, con la oposición de la izquierda, Junts y Esquerra Republicana, entre otros.

Además, el PP ha aprovechado la aprobación para incluir un apartado en el cual se obligue al presidente del gobierno central o a los ministros a comparecer en la cámara alta cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores, un umbral que el PP sobrepasa largamente. La enmienda introducida quiere contrarrestar la maniobra de cuatro ministros del Gobierno que la semana pasada rechazaron acudir al pleno del Senado para comparecer sobre diferentes temas, alegando que la obligación no estaba recogida en el reglamento.

La reforma pactada ha despertado la crítica de la izquierda. El PSOE ha insistido este martes en definir como "inconstitucional" la reforma del reglamento. "No se han respetado los plazos ni se ha respetado la Junta de Portavoces", ha asegurado la portavoz socialista, Eva Granados, que ha recordado que su partido llevará la modificación al Tribunal Constitucional. Además, ha subrayado que "hoy es un mal día para el Senado" porque, según ha dicho, "se consuma el atropello a los derechos de los senadores", ha lamentado poniendo énfasis en el uso de la mayoría absoluta del PP para "obstaculizar".