Un pleno del Congreso de los Diputados que estaba llamado a convertirse en el último veredicto de la ley de amnistía ha acabado convirtiéndose en el enésimo tira y afloja entre el PSOE, Junts y ERC para refinar el redactado del texto. Especialmente, en las exclusiones de los delitos de terrorismo y traición. Son dos cuestiones que hace tiempo que están sobre la mesa y que han tomado protagonismo a raíz de las últimas maniobras de los jueces españoles, en concreto, de Manuel García-Castellón y de Joaquín Aguirre, que los últimos días han exhibido una clara voluntad de torpedear la amnistía.

A partir de las 15 horas, la cámara baja debatirá el dictamen de la comisión de Justicia y las enmiendas que continúan vivas, antes de las votaciones que deberían poner el sello definitivo a la ley (después de pasar por el Senado, volverá al Congreso, pero ya no se podrán introducir nuevos cambios). Ahora bien, los múltiples intentos de los jueces García-Castellón y Aguirre de hacer descarrilar la cobertura de Carles Puigdemont, Marta Rovira y el Tsunami Democràtic abren la puerta a escenarios imprevistos. Y es que Junts no descartaba ayer a última hora votar en contra del dictamen de la ley de amnistía para que el texto vuelva a la comisión de Justicia con un doble objetivo: dar un mes extra para seguir negociando y permitir introducir otras enmiendas transaccionales con nuevos textos.

La referencia al terrorismo y al Convenio Europeo de Derechos Humanos

Uno de los principales elementos de divergencia entre los independentistas y el PSOE es el precepto relativo al terrorismo, que se arrastra desde el inicio de las negociaciones para la amnistía. Después del acuerdo al que llegaron la semana pasada Junts, ERC y el PSOE, el único terrorismo que queda excluido es el que, “de manera manifiesta y con intención directa”, “haya causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario”. Por lo tanto, se acordó mantener la referencia al terrorismo, pero incluir un añadido especificando y delimitando qué se considera terrorismo. Ahora, una semana más tarde, hay dos textos alternativos que afectan a este precepto:

  • Sacar cualquier referencia al terrorismo y no citar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es el texto por el que abogan desde Junts per Catalunya, tanto en solitario (la enmienda 29) como en la transaccional con el PNV (la número 6). El nuevo redactado suprime de raíz todo el párrafo que alude al terrorismo y, por lo tanto, también borra la transaccional que pactaron los independentistas y el PSOE.
  • Borrar el terrorismo, pero mencionar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es la transaccional acordada entre Junts y Esquerra. Da un pequeño paso más allá de la posición compartida entre independentistas y socialistas en la Comisión de Justicia: mantiene la exclusión de los actos que, “de manera manifiesta y con intención directa”, hayan violado los derechos humanos, pero suprime la primera parte de la frase, en la que se habla explícitamente de los “actos tipificados como delitos de terrorismo”.

Junts apuesta por no excluir de la amnistía algunos delitos de traición

Otro capítulo es el de los delitos de traición, que ha tomado bastante fuerza después de que el juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Volhov, haya prorrogado una de las piezas que vincula al president Carles Puigdemont con una trama rusa. El presunto delito que podría estar encima de la mesa es el que figura en el artículo 592 del Código Penal, dentro del Capítulo II del Título XXIII del Libro II. Castiga a los que “mantengan inteligencia o relación con gobiernos extranjeros o con sus agentes” con el objetivo de “perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España”.

Aquí es donde Junts pone la lupa, porque, con el redactado del dictamen que aprobó a la Comisión de Justicia, este delito quedaría fuera del perímetro de la amnistía, que excluye todos los delitos de traición. Sobre este asunto, continúan vivas tres enmiendas:

  • Eliminar de las exclusiones los delitos de traición y que todos queden incluidos en la amnistía. Es la apuesta de Junts en solitario (su enmienda 29). Quiere suprimir la exclusión en la que figuran “los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional”.
  • Incluir en la amnistía los delitos del Capítulo II y mantener al margen los Capítulos I y III. Es lo que consta en la transaccional firmada por Junts y el PNV (la número 6). Mantiene como exclusión los delitos del Capítulo I (por ejemplo, facilitar al enemigo la entrada en España) y del Capítulo III (como revelar información reservada), pero suprime el Capítulo II de las exclusiones para proteger a Puigdemont de las garras de Aguirre.
  • Mantener el redactado tal como está ahora. Es lo que figura en la transaccional que registraron Junts y ERC. No se toca nada de este apartado y todos los delitos de traición se mantienen excluidos de la amnistía.

 

Negociaciones hasta el último minuto

Los tres protagonistas de esta historia (el PSOE, Junts y ERC) todavía negocian. Lo reconocen todas las partes, y todas ellas mantienen abierta la puerta a cualquier escenario. Los socialistas eran muy ambiguos este lunes cuando se les preguntaba si el partido acabaría avanzando algunos metros para aceptar las enmiendas que el independentismo mantiene sobre la mesa. La nueva portavoz del PSOE, Esther Peña, insistía en que, “por ahora”, la ley de amnistía está cerrada, aseguraba que en Ferraz se sienten “cómodos y satisfechos” con el texto pactado la semana pasada, pero reconocía que todavía “hay tiempo” para cualquier cosa.

Junts per Catalunya, con la sartén por el mango, se plantea incluso la opción de votar un no viendo al PSOE enrocado ante unos jueces dispuestos a todo. A pesar de esto, fuentes de Junts per Catalunya reivindican su intención de seguir negociando con los socialistas hasta el último minuto. Confían en llegar a un acuerdo. Lo ven igual en la barcelonesa calle de Calàbria, donde se ubica la sede de Esquerra Republicana. “Seguiremos hablando con todo el mundo hasta el último momento”, señalaba la portavoz de ERC, Raquel Sans. Ahora bien, también dejaba claro que el estado español no parará la “represión” contra el independentismo por mucho que esta semana se apruebe la ley de amnistía.

Los jueces, a la suya

Es así: este lunes la justicia española ha vuelto a sacar la cabeza. Aparte de la intervención del juez del caso Volhov, Manuel García-Castellón, que está intentando acorralar a Carles Puigdemont, ha mantenido su embate contra el independentismo y ha decidido prorrogar seis meses la investigación del caso Tsunami Democràtic, con el cual pretende esquivar la ley de amnistía a través del delito de terrorismo. La persecución de la justicia española al independentismo es tan evidente que incluso el PSOE se lleva las manos a la cabeza. “Tienen un objetivo muy claro”, señalan fuentes de la dirección del partido cuando se les pregunta sobre los movimientos de Manuel García-Castellón y de Joaquín Aguirre. Admiten que en las últimas semanas, los jueces españoles intentan esquivar la ley de amnistía con toda la intencionalidad política: “Cuando el Congreso mueve ficha, ellos mueven ficha”, critican desde la sala de máquinas de Ferraz.

Un pleno con nuevo sistema informático y con una votación pública por llamamiento

El pleno del Congreso se celebrará, ahora sí, en la Carrera de San Jerónimo, después de unas semanas de migración en el Senado a causa de las obras en el hemiciclo que ya se han completado y que han comportado una renovación del equipo informático de todos los escaños. Asistirán la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Laura Vilagrà, y el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Por parte del PP, volverá a intervenir el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, como ya hizo en el primer examen parlamentario de la amnistía. En total, se votarán 35 enmiendas: nueve de Junts en solitario, dos de ERC, una transaccional entre los dos partidos independentistas, tres transaccionales entre Junts y el PNV y veinte enmiendas del PP para eliminar todos los artículos. La última votación, del conjunto del dictamen, requiere la mayoría absoluta y será nuevamente pública por llamamiento (igual que en las investiduras) a petición del Partido Popular.