Sorpresa. La Fiscalía de Barcelona ha pedido que se aplique la ley de amnistía para los cerca de 40 ex altos cargos del Govern y empresarios procesados por la organización del 1-O, según el escrito al que ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles. Este procedimiento había quedado bloqueado durante casi un año, ya que la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona desestimó aplicar la norma del olvido penal y derivó la respuesta al tribunal juzgador, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona. Además, este procedimiento quedó "en el limbo", según las defensas, cuando se unió la causa principal del 1-O —con unos 30 investigados— con el procedimiento contra una decena más de investigados por el gasto de la acción Exterior de los gobiernos de Carles Puigdemont y de Artur Mas. Precisamente, el exconseller de Exteriors, el republicano Raül Romeva, también era investigado por una subvención a la FOCIR, a pesar de haber sido ya condenado por el Supremo por la organización del procés. Los altos cargos de Junts y ERC eran acusados por los delitos de malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental y desobediencia.
En concreto, el teniente fiscal Amadeu Melis ha solicitado el archivo de la causa, salvo de dos gastos de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) —el servicio de limpieza de sus instalaciones del 2011 al 2017, con un coste de entre 8.000 y 11.000 euros anuales, y una auditoría anual—, y por estos hechos pide que sean juzgados por el delito de prevaricación Albert Royo, entonces secretario general de Diplocat, y Roser Clavell, antecesora de Royo, que ocupó el cargo hasta febrero de 2013. El fiscal considera que se debería haber hecho un concurso para adjudicar las dos actuaciones. La defensa de Royo, ejercida por la penalista Judit Gené, ya ha avanzado que presentará recurso contra esta petición fiscal.
"Subordinados de los líderes del procés"
En el escrito, de 92 páginas, el teniente fiscal manifiesta: "En definitiva, los procesados en el presente procedimiento obraban subordinados a las directrices que los líderes del procés les ofrecieron con el objetivo de lograr la consecución de sus propósitos. Su actuación era, en este sentido, accesoria de la de aquellos líderes y se dirigía, por consiguiente, a lograr la consecución de los designios de aquellos, es decir, de terceros. Términos en los que, de conformidad con la propia jurisprudencia citada, no cabe apreciar un ánimo de enriquecimiento propio". Con esta afirmación, el fiscal Melis no contradice al Tribunal Supremo, que sostiene que Puigdemont, Junqueras y el resto de los políticos condenados o en el exilio se beneficiaron con la malversación del 1-O para no amnistiarlos.
El alto tribunal español también dejó claro que los altos cargos del Govern no se enriquecieron con el referéndum, y así lo interpretó el TSJC en el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, a pesar de que su amnistía está parada por la consulta del tribunal de Catalunya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Gasto a gasto
Antes, el fiscal detalla cada gasto que ha sido contado penalmente para la causa del 1-O, y que se tendría que amnistiar a los responsables técnicos y políticos que lo autorizaron, como es el caso de las tarjetas censales del 1-O, encargadas a Unipost, con su directivo, Pablo Raventós, también imputado. Estos gastos son los mismos que el Tribunal de Cuentas reclama a los presidents Puigdemont y Mas, además de Oriol Junqueras y otros excargos políticos. Son reclamaciones duplicadas, han insistido en denunciar las defensas. El procedimiento contable está actualmente parado porque el órgano contable ha consultado al Tribunal de Justicia de la UE si la amnistía de estos gastos va contra el derecho europeo.
Otros gastos criminalizados son: la página web de referendum.cat; la aplicación del registro de catalanes en el exterior, encargada a la empresa T-Systems; campañas de publicidad del referéndum, por cuya emisión fueron imputados por desobediencia los entonces responsables de la Corporación Catalana, TV3 y Catalunya Ràdio Núria Llorach, Vicent Sanchís y Saúl Gordillo, respectivamente; y, también, la estancia de los observadores internacionales invitados por el 1-O.
"Claramente" amnistiable
El teniente fiscal afirma que los hechos detallados "se encuentran claramente comprendidos" en el artículo 1 de la Ley 1/2024 "por tratarse de conductas directa o indirectamente orientadas a la consecución de los fines propios del procés independentista catalán". Y asegura: "En definitiva, nos encontramos ante una panoplia de conductas directa y claramente orientadas a la preparación y celebración de la consulta referendaria del 1 de octubre de 2017". También manifiesta que "la acción exterior desarrollada por Diplocat perseguía la consecución de los fines propios del proceso independentista catalán, tal como reconoce el Tribunal de Cuentas en su informe".
Inicialmente, la causa del 1-O y Exteriors ha sido impulsada por las fiscales Teresa Duerto e Isabel Nebot, ahora sustituidas en el escrito de la petición de la amnistía, que reclaman todas las defensas desde la entrada en vigor de la ley, el junio pasado. La sección 21 de la Audiencia de Barcelona tiene ahora la última palabra.