"Yo no soy nacionalista, soy patriota constitucional y tengo derecho a serlo", exclamaba un padre de la Constitución, José Pedro Pérez Llorca, en la comisión de revisión del Estado autonómico hace unas semanas. La frase expresaba una pulsión latente en la política española, que ha solidificado en la lucha entre Ciudadanos y el Partido Popular, a causa del procés. Es ahí donde Albert Rivera ha conseguido mostrarse más duro ante la opinión pública, con lo que ha forzado a Mariano Rajoy a recuperar terreno, pese a ser el responsable de "descabezar" a los líderes independentistas con el 155.

La contraofensiva llegó esta semana, cuando el PP presentó la propuesta para prohibir los indultos por sedición y rebelión, precisamente, las causas penales por las cuales se juzga a los dirigentes del proceso. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que respondía a una "demanda social". Rápidamente, Cs se apuntó a ello, poniendo así al PSOE contra las cuerdas con la capacidad de decidir con su voto que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y el resto de consellers sean absueltos –como pedía en la campaña del 21-D Miquel Iceta.

La medida avivó la beligerancia de Rivera, quien dos días después redobló la pugna con una nueva ofensiva: "Modificar la legislación electoral a fin de que los prófugos de la justicia no se puedan presentar a las elecciones", dijo, en alusión a Carles Puigdemont. El hecho es que el PP no lo cree posible: fuentes del gabinete del ministro Catalá consultadas por El Nacional explican que no se pueden aprobar leyes que vulneren el derecho de participación política, sino que es un tribunal el único con capacidad de suspenderlos a posteriori –como hizo el Constitucional con Puigdemont.

Así las cosas, la iniciativa de Cs ilustra una tendencia que denuncian desde el PP: que Rivera sería percibido como el azote duro del procés y Rajoy, como el blando. "Impulsamos medidas y ellos se las apropian", decía un miembro de la dirección popular, después de que Rivera los instara a "recuperar el control" del Estado: "Un estado autonómico es un estado descentralizado, no un cachondeo", espetó Rivera el pasado domingo. Eso, a pesar de que Rajoy ha reivindicado que fue él quien destituyó a todo un gobierno, "lo que no se hacía desde la Segunda Guerra Mundial".

La semana todavía dejó otro ejemplo de cómo Cs se erigió como el ariete duro contra el procés. Era la sesión de control y Rivera exigió a Rajoy saber "quién dimitiría" si se demostraba una línea de investigación del juzgado 13: que el 1 de octubre podría haber sido pagado con facturas falsas del FLA. "Yo no pago facturas para el referéndum, como usted entenderá. Si tiene el informe, hágamelo llegar o al juzgado", reclamó al presidente. Fuentes de Hacienda no descartan que el supuesto se hubiera producido, a pesar de las cautelas de la Intervención General.

Pero el historial de Cs ha intentando sacar pecho de una presunta más férrea defensa de la unidad de España viene de lejos. El último ejemplo fue la aprobación del cupo vasco en el Congreso. El ministro Cristóbal Montoro acabó acusando a Rivera de confrontar a territorios y reivindicó la cuota como ejemplo de "pluralidad" en el Estado, ante las palabras de un Rivera que afirmaba que la cifra del "cuponazo" era fruto de un "tejemaneje político con los nacionalistas" y una forma de acabar con la solidaridad e igualdad entre los españoles.

Ante ese escenario, Rajoy ya se ha puesto las pilas para relanzar la ofensiva del PP. El viernes reforzó el flanco liberal con la reforma para retirar los planes de pensiones en 10 años y el flanco duro, con la prisión permanente revisable –no por sedición y rebelión, pues las modificaciones en derecho penal no tienen aplicación retroactiva. Además, reúne a sus barones en Génova este lunes para que le digan a la cara lo que solo le llega por los diarios: que el PP quiere cambios en la Moncloa y un proyecto para España –nacionalista o patriota constitucional– con que frenar el auge de Cs.