El Gobierno entregó este jueves al juez de Barcelona las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo que autorizaron el espionaje al president de la Generalitat, Pere Aragonès, con el software Pegasus. Solo unas horas más tarde se conoció que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidió espiar a Aragonès con Pegasus alegando que era el líder de los CDR en la clandestinidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha pronunciado sobre este espionaje, en cambio, desde el PP lo culpan directamente de dar la orden de investigar a ERC por las actuaciones de los CDR "que ahora amnistía y mientras, se sentaba con Aragonès en la mesa de diálogo".
Las acusaciones del PP contra Sánchez
Fuentes del Partido Popular han defendido que el CNI tiene la obligación de hacer las acciones necesarias para proteger el Estado de cualquier riesgo o amenaza, en la misma línea que lo que afirma la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Confían plenamente en cualquier actuación de la inteligencia española, "confiamos en el criterio de los profesionales". En este sentido, asegura que el presidente del Gobierno es el encargado de autorizar los objetivos anuales del CNI, y, por lo tanto, apuntan que la directiva de seguridad "aprobada y firmada por Pedro Sánchez el 18 de marzo de 2019" tenía el objetivo de "luchar contra los que tengan voluntad y capacidad de subvertir la orden constitucional. Por lo tanto, no puede alegar ignorancia".
Así pues, los populares concluyen que para Sánchez ERC es un "partido peligroso para la integridad territorial" y por esta razón autorizó el espionaje a su líder "mientras se sentaba con sus dirigentes en una mesa de diálogo bilateral para proteger su mandato", aunque supusiera desproteger España. Según el PP, las amenazas que planteaban el desafío independentista en 2019 "son las mismas que existen hoy", teniendo en cuenta que "los que convocaron un referéndum ilegal dicen que lo volverán a hacer y el Estado está más desprotegido por la eliminación del delito de sedición". Apuntan que las actuaciones de los CDR son las que originaron la investigación a ERC, que ahora serán amnistiados por la ley que se aprobará el martes y "sin los cuales Sánchez no sería presidente". En este sentido, denuncian que Sánchez ha pasado de investigar a partidos para "prevenir delitos" a eliminarlos para pactar con formaciones políticas que fueron investigadas por orden suya.
Por otra parte, el PP también ha denunciado que el Gobierno cesó la entonces directora del CNI, Paz Esteban, quien precisamente declara este viernes en relación con el espionaje a Aragonès con el software Pegasus, "por exigencia de ERC" y que el Gobierno ve en el Tribunal Constitucional "un enemigo del Estado y una institución a combatir y enmendar". Los de Alberto Núñez Feijóo, consideran que si ERC sigue dando apoyo a Sánchez a pesar de estar al corriente de las escuchas es porque "le conviene seguir teniendo un presidente dócil" y "habituado a la extorsión". También han acusado al gobierno de Sánchez de ponerse de "perfil" ante estas informaciones, pero, en cambio, tratan de convertir en actualidad "cuestiones ya judicializadas y de hace 4 legislaturas".