“No sé si el señor Illa no sabe que tiene competencias autonómicas y que él, si quiere, también puede bajar los impuestos a los catalanes. Es más, los que lo hemos hecho le animamos a que lo haga”. El Partido Popular replica las críticas de Salvador Illa denunciando la “competencia desleal” y el “dumping fiscal” de Madrid instando al president de la Generalitat a seguir el mismo camino de la rebaja de impuestos. “Cuando lo haga, va a encontrar como gana más actividad, más empleo, más dinamismo y más inversión, como lo están ganando aquellas comunidades que lo han hecho”, ha defendido este lunes el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, en rueda de prensa. “Lo que no puede intentar es tapar la mala gestión de su gobierno y de los gobiernos anteriores intentando atacar a otra comunidad autónoma”, ha verbalizado.

 

El dirigente popular ha justificado que cuando un territorio “rebaja sus impuestos”, el coste “solo afecta” a esa comunidad autónoma “única y exclusivamente”. “No afecta al conjunto de comunidades autónomas”, ha subrayado. Asimismo, ha defendido que la competencia “siempre es buena” y “siempre mejora y obliga a todo el mundo a trabajar de una manera más efectiva y más eficiente para poder dar respuesta”. En este sentido, Juan Bravo se ha mostrado partidario de dejar trabajar a las comunidades en su “competencia normativa, legislativa y tributaria” para que “tomen sus decisiones”. “La clave no es subir más a los que están [viviendo en un territorio], es conseguir que haya más gente que pueda tributar”, ha justificado. “En ningún caso es incongruente hablar de infrafinanciación y bajar impuestos, al revés. Ese instrumento se utiliza para conseguir esta circunstancia”, ha remachado.

Estas palabras de Juan Bravo llegan el día después de que Salvador Illa acusara a la Comunidad de Madrid de fomentar un modelo de acumulación insolidaria de recursos: “Acumulan, generan mucha prosperidad y, en vez de compartirla, lo que hacen es una acumulación insolidaria. ¿Y cómo? Con rebajas fiscales, que alteran la competencia”, expresó en una entrevista en el Diari ARA. El president catalán apostó por una “norma mínima básica para evitar que nos hagamos daño”. Poco después, Isabel Díaz Ayuso salió al paso de las críticas y acusó a Illa de “freír a los catalanes” para sus “negocios a costa de todos los españoles”.

“Que el Estado deje libre a las comunidades autónomas”

Ahora, Juan Bravo ha reclamado que las comunidades autónomas tengan manos libres para decidir su política fiscal: “No entendemos que el Estado lo vaya a hacer desde fuera y no deje [vía] libre para que las comunidades autónomas, que son las que mejor saben sus cuentas, sepan cuáles son las decisiones que tiene que tomar”, ha verbalizado. Y ha lamentado que la Generalitat “cobre más impuestos a los catalanes” para “seguir teniendo deuda, déficit o abrir embajadas”. “Hacer gastos que otros podrían considerar superfluos y que otras comunidades entienden que eso lo cubre suficientemente el Gobierno y entienden que su dinero tiene que estar destinado a sanidad, educación y políticas sociales”, ha remachado.

El acuerdo político entre el PSC y ERC para la financiación singular, firmado hace un año, recogía que la aportación de Catalunya a la solidaridad debe ser “explícita” y debe “reflejarse de forma transparente” y estipulaba que la Generalitat “debe contribuir a la solidaridad con las demás comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”. Precisamente, la cláusula relativa al “esfuerzo fiscal similar” fue un inciso que anuló la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut.

“Podríamos entender que hay dumping fiscal en el País Vasco”

Donde Juan Bravo sí que considera que hay dumping fiscal es en el País Vasco. “Podríamos entender que hay una situación de dumping fiscal cuando el impuesto a la banca se cede [a las comunidades], y el País Vasco, por ejemplo, decide que pueden no imponerlo a las entidades que estén allí”, ha relatado. “Eso sí que sería algo diferente porque es un impuesto de carácter nacional y se permite a un territorio, por cuestiones puramente políticas, [sin] que haya una explicación técnica que lo acompañe, decir que no”, ha argumentado.