Podemos ha enviado al Ministerio de Justicia un borrador para la reforma del delito de sedición que contempla que sólo se pueda aplicar este artículo del Código Penal para los casos en que se haga uso de armas. Según ha adelantado El País y ha confirmado la ACN, la propuesta pasa por "adecuar" el delito al siglo XXI e implicaría que el Supremo tendría que revisar la situación de los presos políticos de los condenados por el 1-O tan pronto como entrara en vigor.

La propuesta coincide con la petición del presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, para una liberación de los presos antes de la campaña del 14-F, aunque la parte socialista del Gobierno asegura que no tiene intención de acelerar los pasos con motivo de las elecciones.

Acelerar los plazos para reformar el delito de sedición

El objetivo del partido de Pablo Iglesias es que su propio ejecutivo acelere los plazos para llevar a cabo la reforma, aunque el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apuntó el lunes que existe la posibilidad de que su ejecutivo incumpla la promesa de aprobar la reforma en el Consejo de Ministros antes de que acabe el año.

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La reforma del delito de sedición que plantea Podemos implicaría la revisión de la situación de los presos políticos de los condenados por el 1-O. / Maria Contreras Coll

En concreto, Podemos pide que la revisión del artículo 554 del Código Penal deje claro que sólo se puede considerar un delito de sedición aquellos casos en que se ha hecho uso de armas, es decir, "el uso ilegítimo de la fuerza física directa sobre las personas", porque tal como está redactado actualmente permite una interpretación extensiva y afecta derechos fundamentales.

Revisar las sentencias de los presos políticos

La propuesta concreta que "para que la fuerza física o la intimidación grave sean consideradas adecuadas para las finalidades del anterior apartado (el delito de sedición) los alzados tienen que valerse del uso de las armas u otros medios peligrosos aptos para poner en riesgo grave la vida de las personas o causar lesiones graves".

Una vez aprobado, según la propuesta de Podemos, "el tribunal o juez sentenciador revisará de oficio las sentencias firmes condenatorias dictadas antes de la vigencia de la entrada en vigor de esta ley", que de acuerdo con el artículo 2,2 del Código Penal "tendrá efecto retroactivo".

 

Imagen principal: El presidente del grupo parlamentario de Podemos, Jaume Asens, en el Congreso. / ACN