Esta semana el Tribunal Supremo tiene previsto decir si revoca o no el tercer grado a los presos políticos. Todo hace pensar, y todo indica, que les retirará el régimen de semilibertad. Extraordinariamente, como todo en este caso, es el Tribunal Supremo, la sala que juzgó a los consellers, la presidenta del Parlament y los líderes de las entidades sociales, la que acabará determinando si pueden o no salir entre semana de los centros penitenciarios.
La primera reunión fue la semana pasada. Ante la expectativa, el mismo Supremo comunicó a primera hora de la mañana que de aquella reunión no saldría ninguna resolución. "Se tienen que revisar 30 recursos", dijeron la semana pasada y lo siguen diciendo. Los magistrados se habrían reunido hoy, pero no ha trascendido nada. Se esperan más reuniones para esta misma semana.
Dolors Bassa y Carme Forcadell han obtenido un visto bueno judicial que no ha suspendido el tercer grado mientras llegaba la decisión. En cambio, la jueza de la prisión de Lledoners suspendió el 28 de julio el tercer grado y la aplicación del artículo 100.2 a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva. Al retirarles el 100.2, los presos dejaron de salir del centro penitenciario para ir a trabajar o hacer tareas de voluntariado.
La sala que juzgó a los presos políticos y que ahora tiene que tomar esta decisión, la sala presidida por Manuel Marchena, no quiere focos. Aunque es inevitable, ya que los terceros grados no acaban nunca en el Supremo. Se quedan de allí de donde salen, en los jueces penitenciarios. Sólo este hecho ya lo hace excepcional. La trayectoria del caso, sin embargo, y las altas condenas hacen que Marchena, sus magistrados y el Tribunal Supremo sean el objetivo de todas las miradas e hipótesis.
Mala pinta
La larga espera tiene mala pinta. Ya ha habido algunas filtraciones que apuntan a que el Tribunal Supremo rechazará el tercer grado. Oficialmente nada está decidido. Pero ya hay voces que se dejan oír y que apuntan que Marchena tumbará el régimen de semilibertad. El mismo Joaquim Forn, en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio con Laura Rosel, así lo creía.
Viendo la trayectoria del caso, con las decisiones del tribunal, y lo que ya se ha empezado a filtrar, todo parece indicar que se revocará el tercer grado que los presos políticos ya tenían desde el 2 de julio pasado y que duró poco más de tres semanas.
Lo anunciaba el secretario de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, que se acogía a la ley, haciendo referencia al artículo 72.4 de la ley orgánica de régimen penitenciario de 1979, para argumentar que "no se puede mantener en un grado inferior a alguien que puede estar en un grado superior". El secretario de Mesures Penals remarcaba así que la decisión era estrictamente técnica.
La decisión llegaba medio año después de que las prisiones otorgaran el segundo grado a los presos y en medio de un nuevo debate sobre la resolución, corta para unos y demasiado prematura para otros. El tercer grado se ratificó por el juez de vigilancia penitenciaria. Pero la Fiscalía lo recurrió. Y eso lo ha puesto sobre la mesa del Tribunal Supremo después de agotar toda la vía judicial inferior.
Este impasse judicial, junto con la crisis de la Covid-19, ha dejado a los presos políticos sin tercer grado y sin poder salir de la prisión ni tan siquiera para ir a trabajar con el 100.2 que ya tenían concedido desde hace un año.
Del segundo al tercer grado
El mes de diciembre del 2019 las juntas de tratamiento no dieron el segundo grado por unanimidad. Había diferentes criterios y algunos de sus miembros creían que sí que era oportuno el tercer grado, que permite a los presos sólo ir a dormir a las prisiones y tener una mejora en los permisos penitenciarios.
No hay tratamientos específicos para el delito de sedición. Es un caso excepcional y complejo y con un intenso debate político de trasfondo, también entre los mismos socios de Govern. Junts per Catalunya no compartió en diciembre la decisión del segundo grado que avaló ERC, titular de la Conselleria de Justícia, que tiene bajo sus competencias las prisiones catalanas.
La alternativa al tercer grado era obtener el permiso del 100.2 para poder salir de la prisión para ir a trabajar o hacer tareas de voluntariado. Eso también creó controversias cuando, durante el confinamiento, a pesar de la orden de Justícia de revisar los casos con el fin de vaciar prisiones para minimizar riesgos de contagio, el Tribunal Supremo advirtió a los funcionarios de las prisiones con un whasapp enviado a los periodistas que enviar a los presos políticos a casa podía incurrir en un delito de prevaricación.