El Parlament ha dado apoyo a la propuesta de un salario mínimo interprofesional (SMI) catalán. Se trata de una moción de ERC que ha salido adelante este jueves con el apoyo de Junts, Comuns y la CUP, la abstención del PSC y Aliança y el voto contrario de Vox y el PPC, y que pretende aumentar el salario mínimo "de acuerdo con el coste de la vida". A pesar de que este punto ha prosperado, la cámara ha rechazado las propuestas de Junts y la CUP sobre la misma cuestión. La de Junts instaba al ejecutivo español a traspasar la competencia sobre el salario mínimo para que Catalunya tenga uno propio, como parte de un paquete de propuestas de resolución centradas en el modelo económico y social del país; y la de la CUP insistía en que debe ser de mínimo el 60% del salario medio, lo que situaría el SMI en torno a los 1.400 euros mensuales, por encima de los 1.200 actuales.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ya defendió esta medida el martes, argumentando que el “contrato social está roto” y que hay que poner las bases para que “la gente se pueda ganar bien la vida trabajando”. Vergés también afirmaba que es “el deber de los políticos” garantizar que el esfuerzo de los ciudadanos se traduzca en sueldos dignos y en unos servicios públicos de calidad. En este sentido, el juntaire defendía que el aumento de la fiscalidad aplicado por el Govern no va acompañado de salarios adecuados al coste de la vida, lo que reduce el poder adquisitivo de las familias y limita la capacidad productiva de las empresas.

Traspaso de competencias de inmigración

A banda del SMI catalán, la cámara también ha reclamado al Gobierno que exija el traspaso de competencias de inmigración y desarrolle un plan que garantice "la cohesión de los 8 millones de habitantes", con la prioridad de dimensionar los servicios públicos a la realidad demográfica. El punto ha contado con los votos a favor de los mismos junteros y los socialistas, y la abstención de Aliança Catalana. El texto recoge la necesidad de un modelo de gestión de la inmigración catalana "exigente pero inclusivo" que permita evitar "discursos de fractura" y esté basado en un sistema de deberes y derechos claros que "incentive el arraigo, el esfuerzo y el respeto".

Por otro lado, a propuesta de la CUP, se ha aprobado instar al ejecutivo a avanzar hacia la eliminación de la compra especulativa de vivienda en todo el territorio, enmarcado en un modelo que garantice la cobertura efectiva de las necesidades básicas de todos los ciudadanos, debido a la situación de emergencia habitacional actual. El punto ha contado con los votos a favor de la misma CUP, el PSC, ERC y los Comunes. Precisamente, estos últimos han reclamado combatir la especulación inmobiliaria e impulsar medidas para que la vivienda sea "para vivir y no para hacer negocio". También, a propuesta de ERC, la cámara ha acordado reclamar el despliegue de mecanismos de control y sanción efectivos contra los incumplimientos de la limitación del precio de los alquileres y de la regulación de las viviendas de uso turístico y del alquiler de temporada y de habitaciones.