Una de las formas de desgastar un gobierno es reprobando y pidiendo las comparecencias de sus consellers ante cualquier crisis. Lo hizo el PSC con el president Pujol, CiU con los presidents Pasqual Maragall y José Montilla, el PSC con los president Mas y Puigdemont o Ciutadans con el president Torra. Para conseguirlo, la oposición tiene que tener una mayoría y conseguir que el ejecutivo se quede en minoría. Un ejemplo es cuando Junts per Catalunya se marchó del Govern de Aragonès, el más débil de la historia con 32 diputados, y consiguió reprobar hasta a dos consellers gracias a la pinza que hacían la pasada legislatura con el PSC. Estos dos consellers fueron el de Drets Socials, Carles Campuzano, o el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena que, curiosamente, son exmiembros de los espacios políticos de Junts per Catalunya y PSC.
Otro ejemplo de desgastar un gobierno es obligándolo a cambiar de postura, tal y como consiguió el PSC con el extitular de Territori, Juli Fernández, durante la pasada legislatura. Los socialistas, entonces como principal grupo de la oposición y negociando los presupuestos, consiguieron que los republicanos aceptaran la B-40, la carretera entre Sabadell y Terrassa que el entonces conseller, exalcalde de Sabadell, no aceptaba. Eso provocó unos meses más tarde su destitución por parte del president Aragonès.
¿Ahora bien, qué ha hecho Junts per Catalunya hasta ahora como principal grupo de la oposición? ¿Qué ha conseguido? El caso es que las mayorías actuales son más bien complejas para los juntaires, teniendo en cuenta que no hay una mayoría absoluta independentista, ni soberanista, los partidos de izquierdas tienen mayoría absoluta y el PSC suma con sus socios de investidura. Por lo tanto, las posibilidades que tiene Junts para desgastar al ejecutivo es sumando partidos independentistas con algún partido de la derecha españolista (PP o Vox). De hecho, es lo que pasó en el primer gran traspié parlamentario del Govern: la reprobación y petición de cese de la 'superconsellera' Paneque.
La petición de cesar a Paneque, la primera gran crisis de Govern
La titular de Territori, Habitatge y portavoz del Govern de Illa ha sido la primera consellera señalada por el Parlament en esta legislatura a causa de la crisis sistemática de Rodalies. Los juntaires, en este punto, consiguieron el voto favorable de PP, Vox, CUP, Aliança y la diputada del Jovent Republicà, Mar Besses (68 diputados), con la abstención de Esquerra Republicana. De rebote, el Parlament también reprobó a los expresidentes de Renfe, Isaías Taboas y Raül Blanco, pidió la dimisión de los actuales responsables de Adif y Renfe, y también reprobó al ministro de Transportes, Óscar Puente. Un pleno que Junts per Catalunya consideró como una clara victoria en su choque con los socialistas, aunque las propuestas de resolución no sean de obligado cumplimiento. Precisamente, sobre Rodalies,
La oposición de Junts per Catalunya no se queda solo aquí. El partido de Carles Puigdemont denuncia sistemáticamente la "desnacionalización, la falta de ambición y la españolización" del Govern de Salvador Illa, junto con su "claudicación" ante Madrid". "Illa no se puede esconder más tiempo tras la estrategia de la anestesia. Se ha convertido en una mezcla de españolización e incompetencia. Se habla de normalización y en realidad existe españolización", son algunos mantras que la portavoz parlamentaria y el portavoz de Junts, Mònica Sales y Josep Rius, dicen casi cada lunes y martes en las ruedas de prensa.
Niubó i Duch, los primeros señalados
Con todo, los juntaires ya empezaron su oposición al Govern de Illa a través de la fiscalización del acuerdo entre PSC y ERC y con las críticas a los nombramientos de consellers y altos cargos. Los primeros consellers que señalaba Junts per Catalunya son la de Educació, Esther Niubó, y el de la Unió Europea y Acció Exterior, Jaume Duch. Los juntaires denunciaban que Niubó es partidaria de aplicar el 25% de castellano en la escuela, mientras que Duch es un "claro perfil españolista". Con todo, Sales también remarcaba la cantidad de conselleries que había, asegurando que sería un ejecutivo con "más conselleries que ambición política". Junto con Paneque, Niubó ha sido una de las conselleres que ha recibido de lo lindo por parte de los juntaires, empezando por la crisis de los más de 31.000 alumnos de FP con problemas en la asignación de plaza o ahora con los cambios en el currículum del bachillerato.
Otra de las carpetas que ha tocado Junts per Catalunya son los presupuestos que, internamente, ha liderado el diputado y vicepresidente del partido, Antoni Castellà. Aunque los juntaires solo mantuvieron una reunión el pasado noviembre con la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, Castellà, últimamente, ha abierto la puerta a negociarlos si el ejecutivo los lleva a la cámara catalana y negocian una rebaja fiscal para la clase media. De hecho, los juntaires también han conseguido que el Parlament haya constatado en más de una ocasión el incumplimiento de Salvador Illa de aprobar los presupuestos antes del 1 de enero, teniendo en cuenta que ERC reclama avances en los acuerdos de investidura antes de aprobar unas cuentas. Esta es la principal carpeta con la que los juntaires han presionado a la consellera Romero.
Parlon y Martínez Bravo, señaladas por Junts
La consellera que Junts también ha querido apretar es la titular de Interior, Núria Parlon. Los juntaires ya empezaron la legislatura pidiendo su comparecencia por el dispositivo de los Mossos d'Esquadra con el retorno del president Puigdemont, pero la carpeta más caliente con la que la oposición ha querido hacer sangre es la incorporación de la Policía Nacional y la Guardia Civil al servicio de emergencias 112. De hecho, incluso se llevó a cabo un pleno monográfico, donde el PSC se alió con el PP y Vox para evitar que el Parlament denunciara estos acuerdos de la Junta de Seguridad. El Govern, en esta reunión con el Ministerio, puso en pausa el control de los Mossos d'Esquadra en puertos y aeropuertos, un elemento corregido por el president Illa durante el pleno monográfico de emergencias el pasado enero para contentar a ERC. Otra de las carpetas calientes en Interior y que Junts ha querido fiscalizar es la gestión de la autopista AP-7, a raíz del accidente que se produjo el pasado febrero en la AP-7 a la altura de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). Los juntaires pidieron el cese inmediato del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, y de la directora del 112, Irene Fornós, los dos militantes de Esquerra Republicana y que todavía siguen en el ejecutivo. Aunque el Govern tenía que cesar a Lamiel, tal como avanzó El Nacional.cat, a última hora lo paralizó.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, también ha recibido de lo lindo por parte de Junts per Catalunya. ¿Los motivos? La crisis a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y que la titular de Drets Socials vive durante la mitad de la semana en Madrid. En el caso de la DGAIA, la conselleria cesó hace unas semanas a la ya exdirectora general, Isabel Carrasco, junto con su subdirector, Joan Mayoral. Desde fuentes oficiales del Departament se ha apuntado que es una decisión que se había tomado desde hacía semanas, pero otros apuntan que es más bien por desavenencias internas, teniendo en cuenta que Carrasco había cogido las riendas de una de las carpetas más delicadas de la conselleria (gestiona hasta 19.000 menores, 9.000 de los cuales están separados de los padres por protección) solo seis meses atrás. Los juntaires han pedido la comparecencia de Bravo, así como la de la excúpula de la DGAIA para que den explicaciones. "Este desbarajuste de altos cargos que se marchan o que son destituidos demuestra que este Govern no funciona. Bajo la apariencia de una falsa normalidad, esta es la realidad del Govern", decía la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales.
Los ceses en la DGAIA también llegan en un momento delicado para este órgano. Y es que la Sindicatura de Cuentas concluyó que la DGAIA prorrogó varios contratos sin haber firmado ningún documento de prórroga, aunque se siguieron prestando los servicios durante la época del conseller El Homrani (ERC). También concluyó que se utilizó reiteradamente el procedimiento de emergencia en la contratación de los servicios en 2017 y 2018 sin que se cumplieran los motivos recogidos legalmente, junto con el hecho de que se incluyeron modificaciones del régimen económico que comportaron una alteración significativa de los contratos originales. Por eso, los juntaires pidieron la comparecencia del exdirector general de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) Ricard Calvo; la comparecencia del exconseller de Treball, Afers Socials i Famíles Chakir El Homrani; el exsecretario general de Treball, Afers Socials i Famíles, Josep Ginesta; y el exsecretario general de Treball, Afers Socials i Famíles, Oriol Amorós.
Fiscalización en el sottogoverno
El grupo parlamentario presidido por Albert Batet también ha fiscalizado los nombramientos del sottogoverno, como el de Alfons Jiménez, pareja de la consellera de Territori, Transición Ecológica y Vivienda y portavoz, Sílvia Paneque, como su jefe de gabinete. De hecho, los juntaires se podrían atribuir una victoria en este sentido, ya que Jiménez decidió renunciar al cargo. En una carta enviada al president Illa y a la consellera Paneque, Jiménez reivindicaba su trayectoria profesional y enviaba una acusación directa a Junts per Catalunya, sin mencionarlo: "Tienen únicamente la voluntad de hacer daño al Govern". Los de Puigdemont también se ponían las manos a la cabeza por el nombramiento de la hermana de Jaume Collboni, Yolanda Collboni, como asesora en proyectos transversales del Departament de la Presidencia. "Consideramos que son dos casos evidentes de nepotismo y lamentamos esta práctica nada ejemplar", aseguraban los juntaires.
La última crisis que ha tenido el Govern, precisamente, también va relacionada con el sottogoverno. Y es que el ejecutivo de Illa ha cesado esta semana al director de la Casa de la Generalitat en Perpinyà, Cristopher Daniel Person, después de negarse a llamar "Catalunya Nord" en su comparecencia en el Parlament de Catalunya. Eso provocó que los partidos independentistas pidieran su destitución. Aunque inicialmente el ejecutivo se negaba a ello, finalmente, el Govern ha asegurado que se ha marchado por "motivos personales".