La historia política de España empieza a ser cada vez más cíclica. Pasa con las crisis y pasa con la monarquía. El 2 de junio del 2014, Juan Carlos I, ahora exiliado fuera de España, protagonizó un momento inédito: su abdicación. La imagen de la Corona no hacía más que estropearse, con escándalos como la cacería|caza de Botsuana, el caso Nóos de corrupción o el affair con Corinna zu Sayn Wittgenstein. Ceder al testigo a su hijo era el consenso para intentar hacer remontar la reputación de los borbones. Seis años más tarde, la historia se repite. Ya retirado de la vida pública, el rey emérito sigue dando problemas, ahora por sus tejemanejes multimillonarios en Arabia Saudí. El CIS ya hace años que no pregunta por la monarquía, pero la estupefacción de la ciudadanía es bien latente. La gira de Felipe VI por toda España puede hacer las delicias de la prensa azul, pero no termina de limpiar la imagen. Por eso los poderes del Estado han llegado a la conclusión que hay que hacer un paso más: matar definitivamente al padre para poder salvar el hijo y la institución. La segunda parte de la saga.

En los mentideros de Madrid no se habla de otra cosa: la decisión podría llegar en cuestión de horas o como máximo pocos días. Ya hace días que los palacios de La Zarzuela y La Moncloa buscan una solución para salir del aprieto. Felipe VI creía que saldría del paso con un comunicado en plena pandemia renunciando a la herencia delante de un notario —sin efectos legales— y retirándole la asignación como miembro de la Casa Real. Pero la bola se ha ido haciendo cada vez mayor y ya no hay quien la tape. El hijo se ve obligado a un gesto contundente. La opción con más posibilidades en estos momentos, su expulsión de la Zarzuela. Se está estudiando dónde se le traslada para que no quede como un fugitivo de la justicia. También se ha rumoreado con retirarle el título de Rey. Están sospesando todas las opciones. La discusión es muy compleja, también en términos legales. La presión sobre el actual jefe de Estado es enorme.

Casualmente, después de décadas de ser intocable, el alud de periodismo de investigación sobre los tejemanejes de Juan Carlos I ha sido inédito en España. El poder mediático se ha volcado, en esta operación de Estado, con revelaciones cada 24 horas. Este viernes ha llegado la estocada final, con una portada que El Mundo ha decidido embargar hasta las dos de la madrugada, dando más solemnidad: Corinna afirma que Juan Carlos I le reclamó el dinero el año que abdicó. Ahora es cuestión de esperar que la Casa Real haga el siguiente movimiento.

La prensa de la capital ha preparado el terreno del asesinato dinástico, y también lo ha hecho el Gobierno. Los mensajes desde La Moncloa han sido reiterados durante los últimos días, desde que Pedro Sánchez decidió abrir la veda públicamente. El presidente español calificó de "perturbadoras" e "inquietantes" las informaciones que llegaban, y aplaudió la tarea de Felipe VI para marcar distancia con su padre. Su mano derecha, la vicepresidenta Carmen Calvo, apretaba todavía más la tuerca y animaba públicamente al jefe del Estado a dar un paso más allá, rompiendo definitivamente con su padre. "Hay una parte de la ciudadanía que está muy preocupada", aseguraba la dirigente socialista. Ya hace días que, fuera de cámaras, los miembros del ejecutivo adelantan que habrá pasos contundentes. Felipe VI necesita su 23-F para legitimarse.

Evitar que Felipe VI salga salpicado

Hasta ahora, el único gesto de Felipe VI llegó el pasado 15 de marzo, cuando las informaciones que llegaban de Suiza empezaban a apestar demasiado e incluso aparecía su propio nombre. Concretamente, el actual monarca figuraba como segundo beneficiario de la fundación 'offshore' titular de la cuenta bancaria donde se ingresó la donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí. Entonces fue cuando decidió renunciar a cualquier herencia de su padre y retirarle la asignación como miembro de la familia real. Así lo trasladó también a un notario.

Desde entonces, el silencio más hermético ha sido la nota dominante en el Palacio de la Zarzuela. Mientras tanto, la bola se ha ido haciendo mayor día tras día, a filtración cada 24 horas. Esta misma semana se ha conocido que Juan Carlos I entró a España miles de euros en billetes por el aeropuerto de Barajas, sin ningún tipo de obstáculo, o que sacó cinco millones antes de cerrar la cuenta y les invirtió en bolsa. Los escándalos no han dejado de sorprender después de décadas de omertá. Un culebrón donde aparece, como testaferro, un nombre conocido: su amante Corinna.

En manos de dos justicias

El destino de Juan Carlos I es complejo de escoger. La carpeta caliente está en manos de dos jurisdicciones. Después de todas las informaciones que llegaron desde la justicia suiza, la justicia española también decidió investigarlo. De momento, está en manos de la Fiscalía, que ha reforzado su equipo con reputados profesionales para "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe del Estado y perdió la inviolabilidad. Al frente de la investigación está el fiscal jefe de sala del área penal en el Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos. Pero Campos no trabaja solo. Bajo su dirección colabora también un equipo de tres fiscales del Supremo especialistas en derecho penal económico: Colom Iglesias Morenor, José Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig.