El rey emérito Juan Carlos I ha comunicado a su hijo Felipe VI que se exilia de España y abandonará de esta forma el Palacio de la Zarzuela, donde todavía residía. La Casa Real ha hecho pública la decisión después de que los actuales monarcas españoles hayan finalizado una ronda por las comunidades autónomas. El último rey que se exilió de España hasta ahora era Alfonso XIII, pero Juan Carlos I sigue sus pasos como un intento de preservar a su hijo.

El rey emérito afirma en la misiva dirigida a Felipe VI que toma la decisión de exiliarse "con profundo sentimiento pero con gran serenidad", y lo atribuye con sordina a "ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada".

"Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España", señala.

El actual monarca español ha agradecido la decisión de su padre, y no se ha privado de defender el "legado" de Juan Carlos I. "El Rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico", ha añadido.

 

Muy lejos queda ahora lo que dijo Juan Carlos I en 2012, cuando, para pedir disculpas por una cacería en Botsuana en plena crisis económica, se limitó a declarar: "Lo siento, no volverá a pasar".

Con la decisión del rey emérito de exiliarse culmina un trayecto que empezó con la renuncia de Felipe VI a su parte de la herencia de su padre después de las informaciones que se escapaban desde Suiza sobre sus negocios en Arabia Saudí. Ahora es el momento de salvar la institución, como lo era en junio del 2014 con una abdicación inédita.

Era un paso definitivo que ya se intuía en el ambiente desde hace días, y que estudiaban desde los palacios de la Moncloa y la Zarzuela. En público, la portavoz María Jesús Montero animaba a Felipe VI a dar más pasos, "celebrando" todas las medidas "pasadas y futuras" adoptadas por la Casa Real, fueran las que fueran. Fuera de cámaras, miembros del ejecutivo español señalaban que, a pesar de corresponder al jefe del Estado, la expulsión de la residencia era un escenario plausible y sería un paso valiente. "La Casa Real tiene sus propios tiempos, pero no tendría que demorarse", admitían.

Como el año 2014, desde el Estado consideraban que hacía falta una ruptura para salvar la propia institución: separar el reinado de Felipe VI del legado manchado de Juan Carlos I. El mismo Pedro Sánchez abrió la veda asegurando que las informaciones que llegaban eran "inquietantes" y "perturbadoras", y que el actual monarca había hecho bien desmarcándose de su padre. Unas declaraciones que, durante los últimos días, han ido repitiendo ministro tras ministro, sin salirse mucho del guion. Sólo lo hizo un poco el vicepresidente Pablo Iglesias, poniendo encima de la mesa el debate sobre "la utilidad de la monarquía".

 

Hasta ahora, el único gesto de Felipe VI llegó el pasado 15 de marzo, cuando las informaciones que llegaban de Suiza empezaban a apestar demasiado y aparecía su propio nombre. El actual monarca figuraba como segundo beneficiario de la fundación offshore titular de la cuenta bancaria donde se ingresó la donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí. Entonces fue cuando decidió renunciar a cualquier herencia de su padre y retirarle la asignación como miembro de la familia real. Así lo trasladó también a un notario.

Desde entonces, el silencio más hermético ha sido la nota dominante en el Palacio de la Zarzuela. Mientras tanto, la bola se ha ido haciendo más grande día tras día, a filtración cada 24 horas. Esta misma semana se ha conocido que Juan Carlos I entró a España miles de euros en billetes por el aeropuerto de Barajas, sin ningún tipo de obstáculo, o que sacó cinco millones antes de cerrar la cuenta y los invirtió en bolsa. Un culebrón donde aparece, como testaferro, un nombre conocido: su amante Corinna.

En manos de la Fiscalía

Después de todas las informaciones que han llegado desde la justicia suiza, la justicia española también ha decidido investigarlo. De momento, está en manos de la Fiscalía, que ha reforzado su equipo con reputados profesionales para "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe del Estado y perdió la inviolabilidad. Al frente de la investigación está el fiscal de sala jefe del área penal en el Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos. Pero Campos no trabaja solo. Bajo su dirección colabora también un equipo de tres fiscales del Supremo especialistas en derecho penal económico: Colom Iglesias Morenor, José Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig.

Comisión de investigación que se resiste

En cambio, donde de momento no se podrá investigar nada es en el Congreso de los Diputados. Como en anteriores legislaturas, durante los últimos meses la Mesa de la cámara baja ha tumbado varias peticiones de comisión de investigación, firmadas por partidos independentistas, nacionalistas y soberanistas, pero también por Unidas Podemos. Todas las peticiones han sido rechazadas con diligencia por la pinza entre el PP, Vox y, también, el PSOE. Una explosión controlada es lo que busca Pedro Sánchez, pero en ningún caso hacerlo saltar todo por los aires.

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